Imponen restricciones a un docente del IUPA por hostigamiento digital

Un docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), identificado como Marco Fattorello, ha sido objeto de medidas cautelares impuestas por la jueza de Garantías María Gadano. La decisión se enmarca en un contexto de abuso digital, donde se le acusa de hostigar a varios alumnos y colegas a través de sus redes sociales, que cuentan con una gran audiencia de más de 137.000 seguidores en Instagram.

La resolución judicial surge tras una serie de denuncias que se remontan a marzo de 2026, cuando un conflicto gremial estalló en la institución. La situación, que inicialmente fue física y se caracterizó por enfrentamientos verbales y empujones, se trasladó al ámbito digital con acciones del docente que instigaron amenazas y acoso a sus denunciantes. Durante la audiencia, la fiscal Jessica González presentó pruebas de que Fattorello había compartido información personal de sus acusadores en múltiples plataformas, lo que resultó en mensajes amenazantes y graves actos de violencia por parte de terceros.

Uno de los casos más alarmantes involucró a una docente, quien tras la divulgación de su información personal por parte del profesor, fue objeto de amenazas directas, incluyendo mensajes que decían "te voy a matar". Este hostigamiento no solo la afectó en su entorno académico, sino que impactó su vida cotidiana, obligándola a modificar su rutina por miedo a represalias.

El resto de las víctimas también experimentó situaciones similares, con amenazas de violencia física e incluso de incendios en sus domicilios. La jueza Gadano, al dar lugar a las medidas preventivas, argumentó que era imprescindible proteger a los denunciantes y evitar que la situación empeore. La magistrada enfatizó que las restricciones eran necesarias para asegurar la paz social y impedir que el conflicto se intensifique más allá del ámbito judicial.

Las medidas impuestas incluyen la prohibición de acercamiento a menos de 30 metros de los denunciantes, así como la restricción para contactarlos o mencionarlos en redes sociales. Estos límites se mantendrán durante un período de cuatro meses, hasta el 20 de diciembre de 2026. Gadano subrayó que, incluso en un espacio compartido como el edificio del IUPA, el docente debe respetar estas disposiciones para garantizar la seguridad de quienes lo denunciaron.

Este caso pone de relieve la preocupación sobre la violencia digital en el contexto educativo, un tema que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, especialmente en un ambiente donde las redes sociales se utilizan como herramientas de comunicación cotidiana. La situación en el IUPA abre un debate sobre la responsabilidad de los educadores en la promoción de un entorno seguro y respetuoso en el ámbito académico.