Impulsan acción judicial para reinstaurar límites en la compra de tierras

La Fundación Argentina Azul, bajo la dirección de Carlos Lionel Traboulsi, ha interpuesto una acción de amparo colectivo ante la justicia con el propósito de impugnar la validez del artículo 154 del DNU 70/2023. Este decreto derogó la Ley 26.737, que establecía protecciones para el dominio nacional respecto a la propiedad de tierras rurales. La organización alega que esta eliminación ha dejado sin efecto restricciones críticas sobre la adquisición de tierras por extranjeros, en particular aquellas que albergan cuerpos de agua esenciales.

En su argumentación, la Fundación señala que, a diferencia de un reciente intento judicial del Centro de Excombatientes Islas Malvinas que fue desestimado por falta de legitimación, su presentación se fundamenta en casos concretos. Se menciona la existencia de 47 transacciones durante 2026 en Catamarca relacionadas con terrenos en áreas significativas como el Salar del Hombre Muerto y Laguna Blanca. Estas operaciones, según la Fundación, se llevaron a cabo sin la realización de estudios de impacto ambiental necesarios, lo que motiva su solicitud de una medida cautelar para frenar estas transacciones mientras se lidia con la acción judicial.

Adicionalmente, se requiere que se tomen medidas urgentes antes de la sesión en la Cámara de Diputados programada para el 15 de octubre, donde se discutirá el DNU 70/2023. La demanda invoca derechos fundamentales como el acceso al agua y el principio de no regresión ambiental, además de cuestionar la retirada del capítulo sobre tierras del proyecto original de la ley de bases por falta de apoyo en el legislativo.

La Fundación también cuestiona la legitimidad de la Ley 26.122, que regula la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia, argumentando que permite que un DNU continúe vigente sin la aprobación del Congreso, lo que consideran inconstitucional. Este planteo resalta la necesidad de un control más riguroso de los decretos que afectan recursos estratégicos para la nación, entre ellos el Mar Argentino, los humedales y los acuíferos.

En declaraciones, la organización enfatiza que el objetivo de esta acción judicial es proteger bienes considerados esenciales para el país, asegurando su resguardo para las futuras generaciones. La defensa de estos recursos hídricos y ambientales se presenta como un aspecto crítico en un país donde la gestión de estos elementos es clave para el desarrollo sustentable.

Así, la acción judicial se erige como un intento de restablecer el marco legal que permita una gestión más cuidadosa y responsable de las tierras rurales, especialmente aquellas que contienen recursos vitales.