Imputados por homicidio en Pilcaniyeu presentan versiones contradictorias

La Justicia Penal de Bariloche formalizó cargos por homicidio simple contra un septuagenario y su hijo, involucrados en la muerte de Ceferino Paine, un peón rural de 54 años, quien supuestamente fue golpeado hasta morir. El hecho ocurrió en el establecimiento San Rafael, ubicado en el departamento Pilcaniyeu, y genera gran interés en la comunidad debido a la naturaleza violenta del suceso.

Ambos imputados se presentaron ante el juez Ricardo Calcagno, donde el padre admitió parcialmente su responsabilidad, argumentando que actuó en defensa propia tras ser agredido por la víctima, quien estaría bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la fiscal Daniela Ortiz Celoria refutó esta afirmación, describiendo el brutal ataque en el que Paine sufrió al menos 16 contusiones en la cabeza y otras lesiones defensivas en los brazos.

La audiencia desnudó las diferentes versiones de los hechos. Rafael Noves, el padre, mencionó que sintió su vida amenazada y que empujó a Paine, lo que hizo que éste cayera sobre un cenicero metálico, aunque sus recuerdos del incidente fueron inciertos. Por su parte, su hijo, Fredy Noves, se desmarcó de cualquier implicación, relatando que Paine se presentó en el lugar mientras él trabajaba en su auto, y que lo había echado por encontrarse borracho. Afirma que al regresar a la casa halló a la víctima herida, aunque reconoció haber cometido un error al mover su cuerpo.

La fiscalía busca establecer una eventual imputación por alevosía dada la brutalidad de las heridas. A medida que avancen las investigaciones, podría cambiar la calificación del delito, lo que generará un contexto judicial complicado para los imputados. La defensa de Fredy Noves sostiene que su cliente actuó de manera colaborativa y que incluso contactó a las autoridades tras el incidente.

Este caso resalta la problemática de la violencia rural en la región y la reacción de los habitantes frente a situaciones percibidas como amenazantes. La comunidad de Pilcaniyeu, que cuenta con un número limitado de habitantes y enfrenta desafíos económicos en la agricultura y ganadería, observa con atención el desenlace judicial.

Por ahora, los imputados están a la espera de que culmine el periodo de investigación de cinco meses establecido por la Justicia, que incluirá la revisión de todas las pruebas y testimonios reunidos durante este tiempo. La resolución final del caso podría tener repercusiones significativas en la percepción de la seguridad en las áreas rurales.