Imputan a expolicía por estafas en la venta de terrenos a colegas en Roca
Un expolicía fue formalmente imputado por estafa tras recibir 24 denuncias de compañeros a quienes vendió terrenos en Roca. Las irregularidades abarcan desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024.
Las recientes gestiones fiscales han dado lugar a la formalización de imputaciones contra un exagente de policía que se encuentra involucrado en un caso de estafa por la venta irregular de terrenos en la localidad de General Roca. La fiscalía, liderada por Jessica González, ha sumado denuncias de diez nuevos damnificados, elevando el total a 24 denunciantes, todos ellos vinculados a la fuerza policial.
El acusado, Alejandro Guzmán, quien ya se encuentra jubilado, fue imputado por primera vez en diciembre de 2024. Los delitos que se le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2021 y marzo de 2024, periodo durante el cual Guzmán aprovechó su condición de exfuncionario policial para ofrecer terrenos en la zona de Paso Córdoba. La fiscalizó explica que el imputado presentó un boleto de compraventa, alegando una relación amistosa con el propietario de una inmobiliaria y planteando facilidades para cerrar las transacciones.
Las pruebas en contra de Guzmán se han fortalecido considerablemente, a partir de una variedad de pericias. Entre estas se incluyen informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y la oficina de telecomunicaciones, así como documentación de la Municipalidad de Roca que confirmaría la falta de habilitación urbanística de los terrenos objeto de la venta. Esto refuerza las acusaciones de que los lotes no contaban con los servicios esenciales necesarios.
El terreno en cuestión forma parte de una fracción de 60.027 metros cuadrados que, según el municipio, nunca debería haber sido autorizada para loteo. La fiscalía ha presentado también facturas, comprobantes de transferencias y recibos originales que comprueban los pagos realizados por las víctimas, quienes, en su mayoría, destinaron ahorros personales, en muchos casos en efectivo o a través de transferencias bancarias.
La defensa del imputado ha solicitado desestimar las imputaciones, argumentando en contra de las evidencias presentadas. Sin embargo, la jueza de Garantías, Natalia González, ha decidido mantener los cargos tipificados como estafa, de acuerdo con los artículos 45 y 172 del Código Penal argentino.
Este caso destaca la necesidad de mayor vigilancia en las transacciones inmobiliarias dentro de la región, especialmente cuando se trata de propiedades que carecen de la debida habilitación. La situación impacta no solo a las víctimas directas, sino también a la percepción sobre la transparencia en las actividades comerciales en Roca.