Imputan a intendente de Allen y se convocará un referéndum por su continuidad
El intendente de Allen, Marcelo Román, está imputado por delitos de administración fraudulenta y enfrentará un referéndum el 8 de noviembre para definir su continuidad en el cargo. La situación ha derivado en un conflicto institucional y ha generado un amplio debate en la comunidad.

La crisis política en la ciudad rionegrina de Allen alcanzó un nuevo punto crítico, ya que los ciudadanos votarán el 8 de noviembre para decidir si el intendente Marcelo Román continúa en su cargo. El jefe comunal ha sido imputado por presunta administración fraudulenta y peculado, lo que ha llevado a un distanciamiento de su partido, La Libertad Avanza. Este referéndum fue habilitado por el Concejo Deliberante tras la validación de más de 4.700 firmas de vecinos, cumpliendo el umbral requerido por la Carta Orgánica de la ciudad.
La disputa institucional entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo se intensificó cuando, en julio, el Concejo aprobó la suspensión preventiva de Román mientras se llevaba a cabo la investigación penal. No obstante, esta acción fue anulada en agosto por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que dictaminó que el Concejo no poseía la autoridad para haber suspendido al intendente en esas condiciones. Esta decisión marcó un hito en la controversia, que ya había cruzado límites judiciales.
Los delitos que se le atribuyen a Román se centran en una supuesta compra irregular de un teléfono celular por $479.999. Según la acusación, el costo total, incluyendo el abono mensual que se pagó con fondos públicos, se aproximaría a $596.812.38, y se alega que el dispositivo fue entregado a una persona no vinculada a la administración municipal. Esta transacción desencadenó la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal, y llevó a la decisión del Concejo de apartar a Román del cargo.
Durante su suspensión, el municipio fue dirigido interinamente por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa. Sin embargo, Román ha denunciado la suspensión como un "golpe institucional", refiriéndose a ella como avasalladora e inconstitucional. Su defensa ha argumentado que la interpretación del Concejo sobre la suspensión no se ajustaba a la legalidad.
Por ahora, el referéndum se posiciona como un mecanismo democrático que permitirá a los ciudadanos de Allen expresar su voluntad sobre la continuidad de Román, en un contexto marcado por líneas divisorias en la política local y una creciente desconfianza en las instituciones. La resolución popular prevista para el próximo mes podría tener profundas repercusiones en el futuro político de la ciudad, marcando un precedente en la gobernanza municipal en Río Negro.
Con la votación a la vista, la atención se centra no solo en el resultado, sino también en la forma en que este conflicto podría reconfigurar el panorama político de Allen y, potencialmente, del resto de la provincia.