Imputan a tres médicos por la muerte de una joven en un hospital de Viedma
Tres médicos de un centro de salud privado en Viedma fueron imputados por homicidio culposo debido a la muerte de una joven de 22 años, relacionada con la falta de un tratamiento urgentemente indicado. La fiscalía sostiene que no se implementó a tiempo una terapia clave ante la sospecha de Púrpura Trombótica Trombocitopénica.
La muerte de una joven de 22 años en un centro privado de salud en Viedma ha llevado a la imputación de tres médicos ante el Ministerio Público Fiscal. Este hecho ocurrió en diciembre de 2024, y la acusación señala que la falta de un tratamiento apropiado y urgente está relacionada con el fallecimiento de la paciente.
La acusación de homicidio culposo se fundamenta en que los profesionales no aplicaron a tiempo la plasmaféresis, un procedimiento esencial que se indica ante la sospecha de Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT). La fiscalía, a cargo de Paula de Luque, afirmó que los médicos conocían la sospecha diagnóstica y que la institución contaba con la capacidad necesaria para realizar dicho tratamiento.
La atención médica a la joven se inició el 15 de diciembre de 2024, cuando ingresó a la guardia, y fue realizada por uno de los médicos imputados. Los otros dos profesionales formaban parte del equipo de coordinación en la Unidad de Terapia Intensiva y estaban encargados de asistir a la paciente durante su internación.
El 18 de diciembre se obtuvieron resultados de estudios que confirmaban la sospecha de anemia hemolítica microangiopática (MAHA), y desde ese momento, la fiscalía sostuvo que la plasmaféresis era un tratamiento urgente. Según la evidencia científica presentada, este procedimiento podría reducir significativamente la mortalidad de PTT, pasando de más del 90% a menos del 20% si se realiza a tiempo.
La joven falleció el 19 de diciembre de 2024, y el certificado de defunción indicó como causa la Púrpura Trombótica Trombocitopénica. Para apoyar la acusación, el Ministerio Público presentó la denuncia del padre de la víctima, estudios médicos, la historia clínica y una pericia realizada por una junta médica especializada.
El juez de Garantías, Guillermo González Sacco, ha aceptado los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación. Asimismo, en respeto a las medidas de la defensa, ha decidido no divulgar públicamente los nombres o imágenes de los médicos implicados. Este caso desata un debate sobre la responsabilidad médica y el tratamiento de enfermedades críticas en contextos de atención privada en la región.
A medida que avanza la investigación, se espera que las partes involucradas hagan su defensa, y se examinarán las implicancias éticas y legales del caso en la comunidad médica de Viedma y sus alrededores.