Imputaron a custodio de la vicegobernadora de Mendoza por choque mortal

Jonathan Salvador Araujo Peña, quien presta servicios como custodio de la vicegobernadora de Mendoza, fue imputado por homicidio culposo agravado tras un accidente ocurrido en la madrugada del domingo. El hecho se produjo cuando Araujo Peña, al finalizar su guardia, conduce su vehículo hacia Lavalle y colisiona con una motocicleta, provocando la muerte de su conductor, Diego Misael Dávila Oviedo, un joven de 24 años.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 6:40 en la Ruta Nacional 40, cerca de la Escuela Abdón Abraham, en el departamento de Lavalle. Araujo Peña, de 39 años, manejaba bajo los efectos del alcohol, dado que el análisis de alcoholemia que se le realizó tras el impacto arrojó un nivel de 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Central, pero Dávila Oviedo murió a raíz de las lesiones sufridas.

La fiscal de Tránsito, Mariana Gutiérrez, se encuentra al frente de la investigación, que incluye la reconstrucción de los hechos y la consideración de la imprudencia del imputado y su incumplimiento de las normas de tránsito. La acusación formal de homicidio culposo agravado conlleva una pena de entre 3 y 6 años de prisión y una inhabilitación de 5 a 10 años para conducir.

Además del proceso judicial, la Inspección General de Seguridad investiga si Araujo Peña había consumido alcohol durante su horario de servicio. La vicegobernadora Hebe Casado confirmó a través de las redes sociales que Araujo Peña es parte de su custodia y expresó su lamento por la muerte del joven motovialista. Esta situación pone de relieve la necesidad de evaluar las prácticas de seguridad y el cumplimiento de protocolos entre los custodios del gobierno provincial.

El hecho no solo provoca un doloroso impacto personal sobre la familia de la víctima, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes deben garantizar la seguridad pública, así como el correcto cumplimiento de los horarios y las normativas de los efectivos a cargo de ofrecer protección. La apelación a que el trámite judicial se apegue a la verdad y la justicia será clave en adelante, así como la gestión sobre las conductas a seguir por los agentes de seguridad en sus funciones.

El caso ha reavivado el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las responsabilidades que esto conlleva, especialmente para aquellos que ocupan cargos públicos y deben dar el ejemplo. La situación a futuro dependerá de las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con el funcionario involucrado en el accidente.