Imputaron a un hombre por destruir el celular de su ex pareja durante una discusión

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche ha formalizado cargos contra un hombre acusado de destruir el teléfono celular de su ex pareja durante una discusión el 2 de septiembre. Según la acusación, el hombre arrebató el dispositivo de manos de la mujer con la intención de revisar su contenido y, al no lograrlo, lo lanzó contra el suelo, provocando la rotura de la pantalla.

La intervención policial se inició a raíz de una llamada realizada por la madre de la víctima, quien alertó sobre el incidente. La fiscal adjunta, María José Jalil, sustentó la imputación con pruebas recolectadas, incluyendo entrevistas a la víctima y un acta de constatación de daños del celular. Además, la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) realizó una evaluación que determinó un riesgo leve para la denunciante.

Ante esta situación, la fiscalía enfatizó la necesidad de aplicar medidas de coerción para garantizar la seguridad de la víctima mientras avanza la causa. Se recordó que, además de esta denuncia, existe un trámite en curso en el fuero de Familia relacionado con la tenencia de una hija en común entre el acusado y la mujer agredida.

El juez de Garantías intervino en la causa, formalizando los cargos y dictando una prohibición de acercamiento y contacto del imputado hacia la mujer y su hogar. Esta medida se aplica de manera directa y también incluye restricciones a través de terceras personas, en respuesta a lo solicitado por la víctima. Sin embargo, se establecieron pautas que permiten mantener el contacto entre el padre y su hija.

En defensa del hombre, el abogado Nahuel Benac no se opuso a las medidas cautelares implementadas, aunque adujo que su cliente carece de antecedentes penales. Además, anticipó que la defensa tiene una versión alternativa sobre los hechos ocurridos, lo que podría influir en la decisión del tribunal en el futuro.

Este caso es un ejemplo de cómo la justicia aborda situaciones de violencia de género y su impacto en los contextos familiares, destacando la relevancia de proteger a las víctimas mientras se procesan las denuncias. Las decisiones judiciales buscan equilibrar la seguridad de la afectada con las consideraciones familiares.