Incertidumbre jurídica tras fallos contradictorios de la Corte Suprema

El debate sobre la Ley de Tierras ha cobrado un nuevo impulso tras la emisión de dos fallos contradictorios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La situación se originó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que derogó esta ley, generando inquietudes sobre el acceso de capitales extranjeros a la propiedad rural y su impacto en la soberanía territorial.

El primer fallo, emitido el 29 de septiembre, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto. La Corte argumentó que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación suficiente para presentar el reclamo. En este caso, el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU, sino que se centró en aspectos procesales.

Sin embargo, solo unos días después, la Corte adoptó una medida cautelar en respuesta a otro recurso presentado por la organización ambientalista Árbol de Pie, comunidades mapuches y otros actores. Esta resolución suspendió provisionalmente el artículo 154 del decreto y restableció temporalmente las restricciones sobre la compra de tierras por extranjeros, generando un panorama de inseguridad jurídica.

La Corte justificó la distinción entre los dos fallos en base a la naturaleza de las presentaciones, mencionando que el primer caso se relacionaba con la soberanía, mientras que el segundo invocaba derechos colectivos vinculados al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Sin embargo, esta interpretación ha suscitado críticas entre expertos constitucionalistas, quienes apuntan a la falta de coherencia en los fundamentos de los fallos y a la sensación de que las decisiones podrían estar influenciadas por presiones externas.

La cascada de decisiones judiciales ha producido incertidumbre sobre la aplicación de la ley en operaciones inmobiliarias rurales. Este clima de inestabilidad se ve acentuado por la realización de un DNU que fue posteriormente reinsertado y luego anulado temporalmente por la Corte, lo que provoca confusión en los actores involucrados.

En el contexto patagónico, donde la tierra y sus usos son cruciales para diversos sectores, la incertidumbre jurídica se traduce en riesgos para inversiones y desarrollos económicos en la región. La situación pone de relieve la necesidad de un marco normativo claro y estable que garantice tanto el acceso a la tierra como la protección de los derechos de las comunidades originarias y de los recursos naturales.

La Corte parece estar ante la disyuntiva de aclarar su postura para restaurar la confianza tanto en el ámbito judicial como en la sociedad, pero la forma en que se resuelvan estos conflictos tendrá un impacto significativo en la seguridad jurídica del país.