Incorporan adjudicación de túneles de Belate a causa de corrupción
El juez a cargo del caso de corrupción en obras públicas ha sumado a la investigación la adjudicación de los túneles de Belate, vinculada a Santos Cerdán. La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en contratos de obra.

La Audiencia Nacional española ha oficializado la incorporación del expediente relacionado con el contrato de 62,8 millones de euros para el desdoblamiento de los túneles de Belate, Navarra, a la actual investigación sobre posibles irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. Este contrato fue otorgado a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participa Servinabar, donde el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, poseía una participación del 45%.
El juez Ismael Moreno ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encuentra analizando la licitación y elaborará un informe ampliatorio al respecto. Esta adjudicación ya había sido mencionada en informes previos enviados al Tribunal Supremo, y su incorporación formal marca un avance significativo en la investigación que indaga sobre comisiones e irregularidades en distintos contratos de obras públicas.
El contrato para los túneles, adjudicado el 26 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, no es un caso aislado. La UCO ha indicado que existen indicios sobre la gestión de este proyecto desde 2019, durante la cartera de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. La denuncia inicial que puso en marcha este proceso se remonta a septiembre de 2024, cuando la Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció posibles irregularidades en la adjudicación de dicha obra.
Con base en esta denuncia, la UCO recomendó al juez integrar la documentación del expediente de los túneles de Belate al conjunto de contratos que se investigan, argumentando que debe ser analizada junto a otros casos en estudio. El juez ha accedido a esta solicitud, aunque la providencia no evalúa el contenido de la adjudicación ni hace referéncia a posibles irregularidades en el mismo, manteniendo en espera cualquier decisión adicional hasta la presentación del informe ampliatorio de la guardia.
Este informe tiene como objetivo profundizar en la tramitación del contrato y reconstruir el procedimiento de adjudicación para determinar si se justifica la inclusión de esta obra dentro de la investigación de presuntas irregularidades sobre contratos públicos. La evolución de esta causa puede tener repercusiones en la administración pública y el manejo de contrataciones en el ámbito estatal.