Incremento de las invasiones en la reserva Thomas van der Hammen en Bogotá

La comunidad de Suba en Bogotá ha denunciado el crecimiento de ocupaciones ilegales en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, particularmente en terrenos de la empresa Pluserati S.A.S., ubicada en La Conejera. A pesar de que desde 2025 se ha reportado la invasión y la instalación de actividades no autorizadas en la zona, las autoridades competentes, como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), no han tomado medidas efectivas para interrumpir estas actividades ilícitas.

Desde el año 2024, se han identificado vertimientos ilegales de escombros en la propiedad de Pluserati, lo que llevó a la CAR a abrir una investigación. Sin embargo, antes de que se concretaran acciones, se produjo la ocupación del predio, donde se instalaron construcciones, un vivero comercial y maquinaria pesada. Esto ha generado un profundo malestar en la comunidad, que señala la inacción de las instituciones responsables de la protección ambiental.

El concejal Rubén Darío Torrado ha sido un defensor de la causa, resaltando la falta de respuesta de las autoridades locales. Las audiencias públicas programadas para abordar la perturbación de la posesión del predio están previstas para septiembre de 2026 y marzo de 2027, lo que implica una espera prolongada para los afectados, mientras el uso ilegal del terreno continúa.

A la luz de estas circunstancias, la abogada de Pluserati ha expresado preocupación por la falta de acción de la CAR, destacando que, a pesar de la claridad de la situación, no se han realizado sellamientos del predio, lo que podría poner en riesgo un área de importancia ecológica para Bogotá. En la actualidad, el terreno presenta construcciones significativas y actividades comerciales que vulneran el estatus de reserva forestal.

El concejal Torrado también reportó un aumento del 10% en las invasiones de predios en Bogotá bajo la administración actual. Este fenómeno afecta no solo propiedades privadas, sino también terrenos que deberían estar protegidos por su valor ambiental. La comunidad ha manifestado su preocupación ante la falta de acciones preventivas y la insatisfacción con el accionar del gobierno distrital, que ha sido considerado deficiente en la protección de estos espacios.

Las afirmaciones de la comunidad revelan una serie de irregularidades, como descargas ilegales de escombros y construcciones sin autorización que impactan negativamente el ecosistema. A pesar de múltiples denuncias y recursos legales presentados, las respuestas de las autoridades han sido escasas y en muchos casos, evasivas. La situación actual plantea un grave problema de corrupción relacionada con la ocupación ilegal de tierras en zonas vulnerables, lo que se traduce en un riesgo creciente para el futuro de la reserva y su biodiversidad.