Indagan a exjefes militares por la muerte del soldado Pablo Córdoba en Zapala
La muerte del soldado Pablo Córdoba, ocurrido hace tres años, sigue siendo un doloroso misterio para su familia. Recientemente, fueron indagados dos exjefes militares en un proceso judicial que no permitió la participación de la querella.
En el caso sobre la muerte del soldado Pablo Córdoba, la Justicia Federal llevó a cabo el 9 de septiembre de 2026 una audiencia de indagatoria para dos exjefes militares que estaban al mando de la Guarnición Militar de Zapala al momento de los hechos. Córdoba fue encontrado sin vida con dos disparos de fusil FAL en la cabeza, un hecho que ha dejado a su familia en un duelo permanente y sin respuestas claras. La audiencia fue conducida por el juez federal Ezequiel Humberto Andreani, a través de una conexión Zoom, lo que impidió la participación directa de la querella o del público.
Los indagados son el teniente coronel Germán Isidro Green y el teniente coronel Enrique Rafael Lamas. El primero era jefe del Grupo de Artillería 16, donde Córdoba era soldado, y el segundo era su superior jerárquico en la Base de Apoyo Logístico. Ambos fueron cuestionados sobre la pérdida de grabaciones de cámaras de seguridad que eran clave para el caso, las cuales se sobregrabaron a pesar de que existía conocimiento sobre su limitado tiempo de almacenamiento.
Tras las audiencias, la madre de Pablo, Natalia Uribe, expresó su frustración. Aclaró que Lamas había comparecido con abogado público y utilizaba estrategias para evitar responsabilidades, haciendo alusión a que se encontraba de licencia durante el suceso, aunque no era una licencia común. Green, en cambio, optó por no declarar, indicando que presentará su versión por escrito más tarde.
La sensación de injusticia se volvió evidente para la familia de Córdoba. Natalia, en un comunicado emocional, manifestó que tras tres años de solicitudes de respuestas, el proceso judicial parece avanzar de manera desigual, dependiendo de los recursos económicos que las partes involucradas poseen. En su opinión, es desalentador pensar que para obtener justicia es necesario tener los recursos para contratar abogados competentes, algo que ella no puede permitirse.
Este caso subraya una problemática recurrente en el sistema judicial argentino, donde la relación entre poder económico y acceso a la justicia genera desigualdades. La lucha de Natalia Uribe por obtener verdad y justicia para su hijo continúa, con un fuerte reclamo que resuena en la comunidad.