Indemnización al propietario de una moto compactada sin aviso previo
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Matanza falló a favor de una mujer cuyo vehículo fue compactado sin notificación. El Estado deberá indemnizarla con más de cuatro millones de pesos.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó un fallo que obliga al Estado a indemnizar a la propietaria de una motocicleta Yamaha YBR125, que fue compactada sin notificación previa tras un accidente ocurrido en febrero de 2020. La mujer había reclamado judicialmente tras enterarse verbalmente de la compactación de su vehículo, que había quedado secuestrado tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor cruzó un semáforo en rojo.
El accidente tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Carriego, en Virrey del Pino, donde el motociclista sufrió lesiones graves. Tras el accidente, la moto y el auto involucrado fueron trasladados a un depósito estatal. La reclamante realizó numerosas gestiones ante diferentes instancias de la administración pública a fin de recuperar su vehículo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.
El reclamo judicial, que fue inicialmente presentado en el fuero civil y comercial, fue redirigido al Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de La Matanza debido a cuestiones de competencia. En la causa, la mujer argumentó que no recibió notificación alguna sobre la compactación de su moto, lo que contraviene la normativa vigente que regula estos procedimientos. La defensa del Gobierno provincial argumentó que la compactación fue válida por la antigüedad del vehículo y que la titular había demorado su reclamo.
El juez determinó que existió una falta de servicio por parte del Estado, sosteniendo que las autoridades debieron devolver la moto y no notificar debidamente a la dueña sobre su destino. Además, se demostró que la fiscalía había solicitado en varias ocasiones la devolución del motovehículo, pero los trámites para hacerlo nunca se realizaron. Esta situación generó la apertura de una causa paralela para investigar la actuación policial en el caso.
La sentencia concluyó que la irresponsabilidad del Estado se materializó en la negativa a cumplir con los procedimientos establecidos, lo que resultó en el daño económico a la propietaria. Se indemnizará a la mujer con una suma equivalente a más de cuatro millones de pesos, aunque el juez desestimó otros reclamos, como los referidos a daño moral o la privación del uso del vehículo.
Este fallo resalta tanto la importancia de los procesos administrativos como el derecho a recibir notificaciones adecuadas en cuestiones de vehículos secuestrados, especialmente en un contexto donde los accidentes de tránsito y el manejo de vehículos son una preocupación constante en la provincia de Buenos Aires.
A medida que se difunden casos como este, surgen interrogantes sobre cómo se manejan los procedimientos de incautación y compactación de vehículos, lo cual podrá generar cambios en las políticas gubernamentales hacia mayor transparencia y responsabilidad administrativa.