Inhabilitan de por vida a vecinos de Comodoro por alquilar su vivienda del IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut ha llevado a cabo una acción enérgica contra una pareja de Comodoro Rivadavia que había alquilado su vivienda del Estado, destinada originalmente para su uso personal. La situación fue descubierta durante un relevamiento donde se constató que el inmueble, ubicado en el barrio 64 Viviendas, estaba ocupado por una persona ajena al grupo familiar declarado, quien admitió alquilar la propiedad desde hacía nueve meses.

Los inspectores del IPV encontraron pruebas contundentes, incluyendo comprobantes de las transferencias de dinero realizadas por el inquilino a los adjudicatarios originales. Esto demostró que los beneficiarios estaban violando una de las condiciones básicas de la adjudicación: residir efectivamente en la vivienda que les fue asignada. En una resolución oficial, el organismo subrayó que los inmuebles deben ser habitados por los grupos familiares que figuran como beneficiarios y que cualquier incumplimiento llevaría a la revocación del beneficio.

Como consecuencia de esta irregularidad, el IPV no solo decidió recuperar la propiedad, sino que también impuso una sanción ejemplar: ambos integrantes de la pareja quedarán inhabilitados de por vida para acceder a beneficios en futuras operatorias de vivienda. Esta medida refleja el compromiso del IPV de resguardar el patrimonio público y garantizar el acceso a vivienda para quienes realmente lo necesiten.

La vivienda, una vez recuperada, será reasignada a familias que cumplan con los requisitos establecidos, asegurando que el sistema de vivienda social no sea explotado por quienes no respetan las normativas. Esta acción también responde a un contexto más amplio de control y regulación del uso de viviendas públicas en Chubut, especialmente en una ciudad como Comodoro Rivadavia, donde las necesidades habitacionales son apremiantes.

El IPV ha enfatizado la importancia de mantener la integridad del sistema de asignación de viviendas, que debería beneficiar a quienes más lo necesitan y no a aquellos que buscan lucrar con estos recursos escasos. De este modo, se busca no solo recuperar propiedades, sino también reforzar la confianza en el funcionamiento del sistema de vivienda pública en la región.