Inicia el Fondo de Asistencia Laboral: empresas aportarán hasta el 2,5% de sueldos
El Fondo de Asistencia Laboral, que comenzará a regir el 1° de noviembre, permitirá a las empresas gestionar los costos de despido de forma predecible. Aproximadamente 6 millones de trabajadores y 525.000 empresas, en su mayoría pymes, estarán involucrados en este nuevo sistema.

El 1° de noviembre de 2026, se implementará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una medida surgida de la reforma laboral que busca que las empresas financien de forma más sistemática el costo de los despidos. Este régimen afectará a alrededor de 6 millones de trabajadores y abarca unas 525.000 empresas, predominando las pequeñas y medianas (MiPyMEs) que representan el 98% del total.
Las MiPyMEs estarán obligadas a aportar el 2,5% de su nómina salarial al FAL, mientras que las grandes empresas tendrán un aporte del 1% calculado sobre la misma base que se utiliza para las contribuciones al sistema previsional (SIPA). Es importante destacar que el sector público y la construcción quedan excluidos, ya que disponen de esquemas específicos de indemnización. Los empleadores deben seleccionar una institución autorizada por la Comisión Nacional de Valores para abrir una cuenta del FAL antes del 1° de noviembre, o en su defecto, serán asignados de manera aleatoria.
Este sistema transformará la naturaleza del financiamiento de las indemnizaciones, las cuales se acumularán en una cuenta específica a nombre de la empresa, en lugar de ser un gasto imprevisto. Según proyecciones, en cinco años el FAL podría administrar alrededor de 10.000 millones de dólares, sin embargo, hoy en día la industria argentina de fondos comunes de inversión maneja aproximadamente 70.000 millones de dólares.
La regulación permite que los fondos acumulados en el FAL se inviertan libremente en títulos públicos nacionales y hasta en un 15% en deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las Obligaciones Negociables corporativas, su asignación está limitada al 20% de la cartera, restringiendo además a un 10% por emisor, lo cual exigirá un alto nivel de calificación crediticia. Se prevé que este tope podría catalizar un impulso en el crédito corporativo de calidad e incentivar potencialmente la inclusión de financiamiento más arriesgado a futuro.
No obstante, este esquema presenta críticas, ya que los nuevos aportes al FAL traerán consigo una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas a la ANSES, generando menos ingresos para el sistema previsional. Esta dinámica plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la sostenibilidad del mismo.