Inicia nuevo juicio por contaminación en el Golfo Nuevo contra Conarpesa

El jueves comenzará en Puerto Madryn un nuevo juicio oral contra dos representantes de la empresa Conarpesa en relación a la presunta contaminación del Golfo Nuevo. Los acusados son Nadine Parry, responsable del área ambiental, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del tratamiento de efluentes. La jueza penal, Yamila Flores, presidirá el tribunal unipersonal encargado del caso.

La investigación que dio origen a este juicio se inició en 2023, cuando las autoridades detectaron una descarga clandestina de líquidos industriales al mar, facilitada por un sistema de derivación conocido como by-pass. Este sistema eludía el tratamiento adecuado de los efluentes generados en las actividades pesqueras, lo que se tradujo en la llegada de sustancias contaminantes al ecosistema marino.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal incluyen inspecciones, testimonios y estudios ambientales. Entre los hallazgos, se identificaron concentraciones de materia orgánica que exceden los niveles permitidos, registrando más de 1.500 miligramos por litro, cuando el máximo permitido es de solo 50 miligramos por litro. Estos datos son cruciales para el contexto del juicio, puesto que reflejan el impacto potencial de las prácticas de la empresa en el ambiente.

Este segundo juicio se lleva a cabo tras una decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que impugnó la absolución emitida en el primer juicio por la jueza Patricia Reyes. La corte determinó que era necesario un nuevo debate, que brindará la oportunidad a las partes de volver a presentar sus pruebas y argumentos en el marco de un tribunal distinto.

Durante los próximos días, la jueza Flores deberá evaluar todos los elementos presentados en el juicio, así como las responsabilidades penales que pudieran derivarse de las conductas de los acusados. La importancia de este caso se extiende más allá de las implicaciones legales, dado que la protección del Golfo Nuevo es fundamental para la vida marina y la economía local, que depende en gran medida de la actividad pesquera y turística relacionada con dicho ecosistema.

La comunidad de Puerto Madryn, especialmente las organizaciones ambientales, permanecerá atenta a los avances del juicio, dado que el resultado del mismo podría sentar un precedente sobre la postura judicial en torno a las prácticas ambientales de las empresas en la región. La implicancia de las acciones de Conarpesa podría influir en futuros casos relacionados con la contaminación y la regulación de efluentes industriales en la Patagonia.