Inocencia Fiscal: las provincias no adhieren y dudas sobre fondos no declarados
La reciente Ley de Inocencia Fiscal no cuenta con la adhesión de las provincias argentinas, lo que genera incertidumbre sobre el tratamiento de fondos no declarados. El Estado ahora debe probar la evasión, pero las jurisdicciones provinciales siguen exigiendo dicha prueba a los contribuyentes.
La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada a fines de 2025 y reglamentada en varias ocasiones en 2026, establece que la carga de la prueba en casos de evasión fiscal queda en manos del Estado, a diferencia de la situación previa en la que los contribuyentes debían demostrar su inocencia. Sin embargo, ninguna de las 23 provincias, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha decidido adherir a esta normativa, lo que podría afectar su implementación efectiva en el territorio nacional.
El objetivo central de la ley es incentivar el ingreso al sistema formal de los aproximadamente 270 mil millones de dólares que los argentinos tendrían guardados en fondos no declarados. Este esquema incluye un Régimen Simplificado de Ganancias, donde el Estado asume que los fondos que ingresan son de origen legal, con el atractivo de no cuestionar el origen de dicho dinero. Sin embargo, la falta de adhesión provincial plantea dudas sobre su aplicación y control.
A pesar de la promoción de inversiones que los gobernadores llevaron a cabo en París, los líderes provinciales optan por no renunciar a la presunción de evasión en cuanto a los Ingresos Brutos, lo que contradice el espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta resistencia puede ser interpretada como una estrategia para mantener la recaudación impositiva, lo que asegura los ingresos provinciales en un contexto económico difícil.
La ley busca revertir la carga de la prueba, ya que bajo el principio de presunción de inocencia, el Estado debe presentar pruebas concretas de evasión antes de acusar a los contribuyentes. Sin embargo, el hecho de que las provincias no se sumen a esta iniciativa podría interferir en la creación de un marco más transparente y promovido para la regularización de capitales no declarados.
Para las provincias, la decisión de no adherir a la Ley de Inocencia Fiscal implica continuar con un sistema donde los contribuyentes se enfrentan constantemente a la necesidad de justificar sus activos ante el Fisco. Esto podría perpetuar un clima de desconfianza y asegurar que los fondos sigan sin ser incorporados al sistema tributario formal.
La situación en torno a la Ley de Inocencia Fiscal pone de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos en materia tributaria entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales. En este contexto, se espera que el debate sobre la gestión de fondos ocultos se continúe profundizando en los próximos meses, a medida que se evalúen los resultados de la normativa y la respuesta de los contribuyentes.