Inspección en Cerro Negro de Newmont culminó en ceses preventivos en Santa Cruz

La situación en el yacimiento Cerro Negro, que opera la empresa Newmont en Santa Cruz, se complicó después de que las autoridades provinciales denunciaron el obstáculo a los inspectores, quienes no pudieron acceder a las instalaciones. Esto llevó al gobierno provincial a recurrir a la justicia, que no consideró la acción como un allanamiento penal, sino como una medida para asegurar la realización de las inspecciones administrativas necesarias.

El ingreso de los inspectores se llevó a cabo el 9 de septiembre, con una duración planificada de entre 72 y 96 horas, durante las cuales participaron más de veinte agentes provinciales. Como resultado, la Secretaría de Trabajo emitió seis ceses preventivos de actividades en diversas áreas del complejo minero, incluyendo sectores clave como minas, plantas y laboratorios. Estas suspensiones tienen como objetivo corregir las irregularidades observadas, sin que se trate de una clausura total de la operación de Cerro Negro.

Las inspecciones revelaron varias irregularidades, tales como vehículos sin la debida habilitación, problemas en transporte de combustible y sustancias peligrosas, así como fallos en equipos de medición de gases. Un aspecto particularmente alarmante fue la verificación de un posible derrame de cianuro, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad en el yacimiento. A pesar de estos hallazgos, hasta el momento no se ha presentado un informe técnico detallado que explique las irregularidades detectadas.

El conflicto se agrava en el contexto de antecedentes trágicos en el yacimiento, donde en abril de 2024 fallecieron dos trabajadores durante una jornada laboral. Este incidente condujo a la suspensión temporal de las actividades y a un anuncio de investigación por parte de Newmont. La existencia de estos antecedentes puede influir en la respuesta de las autoridades ante las nuevas irregularidades y en la reputación de la empresa.

La empresa Newmont aún no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones que enfrenta por parte del gobierno de Santa Cruz. La magnitud de las irregularidades encontradas y las medidas que se verán obligadas a implementar dependerán de los resultados de las actas de inspección y de cualquier acto que la empresa decida presentar ante las autoridades.

En este contexto, la provincia de Santa Cruz comienza a recibir mayor atención no solo por su producción minera, sino también por los desafíos de regulación y la seguridad en las operaciones, que son cada vez más urgentes para garantizar la protección de los trabajadores y el medio ambiente.