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Inspectora denuncia amenazas tras alcoholemia y logra restricción judicial

Una inspectora de Tránsito de Catriel presentó una denuncia tras recibir amenazas por parte de un conductor al que infraccionó por conducir ebrio. La Justicia, reconociendo la gravedad de la situación, estableció una restricción de acercamiento de 500 metros en su favor.

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Inspectora denuncia amenazas tras alcoholemia y logra restricción judicial

Una inspectora de Tránsito en Catriel realizó una denuncia tras un incidente ocurrido el 9 de septiembre, cuando interceptó a un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia. Tras infraccionarlo, la mujer denunció haber sido víctima de insultos y amenazas no solo por parte del conductor, sino también de su padre, lo que generó un clima de hostigamiento hacia su persona.

Ante esta situación, la inspectora decidió elevar su queja a las autoridades, relatando en su presentación las intimidaciones que había sufrido, las cuales vinculó a su rol como empleada pública y a su condición de mujer. El día siguiente, la denunciante ratificó su acusación en una audiencia judicial ante el Juzgado de Paz de Catriel, donde el juez Daniel Delgado evaluó la gravedad del caso.

El juez resolvió aplicar medidas de protección en el marco de la Ley Nacional 26.485, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en diversas circunstancias. En su resolución, Delgado argumentó que la norma permite que cualquier mujer afectada por situaciones de violencia pueda presentar su denuncia en cualquier instancia judicial, lo cual se aplicó en este caso.

Con base en este principio, el magistrado dictó medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de la inspectora. Entre las medidas adoptadas, se estableció una prohibición de acercamiento de 500 metros entre el denunciado y la denunciante. Esta restricción incluye el lugar de trabajo de la mujer, así como otros espacios donde ella realice actividades cotidianas.

Del mismo modo, se instó al conductor a abstenerse de cualquier acto que pueda constituir un hostigamiento o intimidación hacia la inspectora, incluyendo la prohibición de generar incidentes o agravios. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para ofrecer un entorno seguro para quienes desempeñan tareas en roles públicos, especialmente mujeres, en los cuales pueden ser vulnerables a la violencia de género.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de la protección en el ámbito laboral y la necesidad de un manejo efectivo de los casos de violencia y hostigamiento en el contexto de la seguridad pública. Se espera que la implementación de estas medidas pueda contribuir a un entorno más seguro para las trabajadoras en la función pública.

La evolución de este caso será observada, ya que las repercusiones tienen trascendencia no solo para la inspectora, sino que marcan un precedente en la lucha contra la violencia de género en el ámbito laboral en Argentina.

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