Investigan a Chiqui Tapia por enriquecimiento ilícito y piden abrir sus cuentas

La Justicia federal ha iniciado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, quien actualmente se desempeña como presidente del CEAMSE, la entidad encargada de gestionar los residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y administrar el peaje del Camino del Buen Ayre. La investigación, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, buscará clarificar los ingresos de Tapia, cuyo patrimonio habría aumentado significativamente en un corto período.

El fiscal presentó un conjunto de 20 medidas de prueba al juez Ariel Lijo, que incluyen el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia, así como el acceso a información sobre sus declaraciones juradas y la consulta al CEAMSE sobre su legajo personal. La Cámara Federal de Buenos Aires asignó el caso a Lijo luego de dirimir competencias entre diferentes juzgados.

Entre las solicitudes realizadas por Pollicita, se destaca la petición a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para que informe sobre los cargos que Tapia ocupó desde su entrada a la entidad, la remuneración que recibió y los destinos de esos fondos. Además, se investigará su historial laboral con la FIFA y posibles ingresos provenientes de esa asociación.

La denuncia que dio inicio a esta investigación fue presentada por Guillermo Tofoni, empresario que sostiene que Tapia habría incrementado injustificadamente su patrimonio en un 1.000% en un lapso de ocho años. Según los datos proporcionados, Tapia declara un ingreso anual de $100.233.144, trabajando solo 15 horas semanales en el CEAMSE. Tofoni ha sido un crítico constante de Tapia, especialmente tras la pérdida de un contrato que le otorgaba derechos sobre la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina.

Es importante señalar que, aunque Tapia también ocupa el cargo de presidente de la AFA, la investigación se centra exclusivamente en su papel como funcionario público en el CEAMSE, donde se han planteado sospechas sobre su administración de recursos públicos.

Las medidas de investigación están orientadas a esclarecer la relación entre el incremento de su patrimonio y su rendimiento en funciones públicas, un aspecto esencial dado el carácter responsable y transparente que deben tener quienes ocupan cargos estatales. La evolución del caso será objeto de seguimiento en los próximos meses, a medida que se efectúen las auditorías necesarias y se obtengan las respuestas solicitadas a las entidades involucradas.