Investigan a cuatro personas por venta de drogas en Chos Malal
Cuatro personas fueron imputadas por venta de drogas en una audiencia en Chos Malal. A pesar de la solicitud de prisión preventiva, el juez ordenó su liberación con restricciones.

En el contexto de una investigación sobre microtráfico en Chos Malal, el pasado viernes por la noche se llevó a cabo una audiencia donde se imputó a cuatro individuos por la comercialización de drogas. La fiscal Natalia Rivera solicitó la prisión preventiva para los acusados debido a consideraciones sobre la posibilidad de obstrucción de la justicia, sin embargo, el juez de garantías Eduardo Egea decidió no hacer lugar a esta solicitud, permitiendo la liberación de los imputados con restricciones como la prohibición de acercarse a testigos por un período de cuatro meses.
Los acusados habían sido detenidos durante una serie de allanamientos en tres domicilios y dos locales comerciales, donde se incautaron significativas cantidades de estupefacientes, incluyendo cocaína y cannabis, así como dinero en efectivo, armas y otros elementos asociados a la venta de drogas. Durante los operativos, se encontraron 81,6 gramos de cocaína y 185 gramos de cannabis, además de balanzas de precisión y dispositivos electrónicos usados en transacciones de dinero.
Según la fiscalía, los imputados operaban coordinadamente, distribuyendo funciones para facilitar la venta de estupefacientes en Chos Malal, con un período de actividad que cambiaría entre el 16 de julio y el 8 de octubre del presente año. A.A.A. fue señalado como el principal proveedor, encargándose del manejo del fraccionamiento y las estrategias de comercialización de las sustancias, mientras que los otros tres imputados, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., realizaban tareas relacionadas con la tenencia y distribución de las drogas y el manejo de pagos a través de billeteras virtuales.
La fiscalía ha planteado la razonabilidad de su planteo de prisión preventiva, argumentando que resultan necesarios para evitar riesgos en la investigación, dado el potencial de que los imputados pudieran acceder a información sensible almacenada en los dispositivos electrónicos secuestrados. También resta entrevistar a otras personas que pueden aportar información relevante al caso.
El próximo paso en este proceso será realizar una nueva audiencia, donde un tribunal de tres jueces evaluará la solicitud de la fiscalía en relación a la prisión preventiva, ampliando así el marco de la investigación y definiendo el futuro judicial de los acusados. Este caso refleja el creciente foco de las autoridades en las redes de microtráfico que afectan a áreas de la Patagonia, donde el tráfico de drogas ha sido históricamente un problema en aumento.