Investigan a exfiscal por desvío de $425 millones de cuentas judiciales
Un exfiscal de Rosario, Mariano Ríos Artacho, es investigado por desviar $425 millones de cuentas judiciales para cubrir deudas relacionadas con su ludopatía. La maniobra de corrupción involucró la creación de una estructura que facilitó el vaciamiento de fondos destinados a fianzas y cauciones entre 2017 y 2024.
El exfiscal argentino Mariano Ríos Artacho, que trabajaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, está siendo investigado por la supuesta malversación de $425 millones pertenecientes a cuentas judiciales. Este escándalo ha puesto de manifiesto no solo una grave corrupción en el sistema judicial, sino también la compulsión de Ríos Artacho por el juego, que lo llevó a desviar estos fondos a casinos y a inversiones bursátiles.
Según la acusación formulada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, este funcionario de 42 años funcionaba como el líder de una organización ilícita que actuaba sistemáticamente para vaciar cuentas judiciales. Este dinero, que debería haber sido resguardado, se destinaba a cubrir los problemas de juego del exfiscal, revelando un patrón de conducta que se extendió desde 2017 hasta 2024.
La operación incluía la colaboración de varios individuos quienes, actuando como testaferros, facilitaban el retiro y la redistribución de los fondos judiciales. Se identificaron a varias personas que habrían aportado sus identidades para efectivizar las transacciones, permitiendo así que Ríos Artacho mantuviera su adicción al juego sin levantar sospechas inmediatas.
Un elemento clave en esta trama fue el abogado penalista Emilio Barcacia, quien se encargaba de realizar depósitos temporales de efectivo en los bancos, para cubrir los faltantes justo antes de que se produjeran controles judiciales, manteniendo el esquema a flote a pesar de la supervisión.
El escándalo fue destapado cuando se detectaron irregularidades en una cuenta judicial, lo que llevó a una investigación que, tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en Rosario y Córdoba, culminó con la detención de Ríos Artacho y otros nueve implicados. La investigación dejó al descubierto esta compleja red de corrupción que ha conmocionado al ámbito judicial y que tiene implicaciones directas sobre la confianza pública en las instituciones.
El caso también resalta la paradoja de que la misma fiscal general, María Cecilia Vranicich, había investigado a Ríos Artacho previamente por su conducta, recomendando sanciones más severas que no fueron aplicadas, lo que podría haber prevenido esta situación.
La reacción de la comunidad judicial y de la población en general ha sido de desconfianza y preocupación acerca de la integridad de las instituciones responsables de la administración de justicia en el país. Se espera que las investigaciones continúen y que se definan responsabilidades consustanciales a los implicados en este escándalo.