Investigan a policías por red de venta de autos secuestrados en Neuquén
Una investigación judicial indaga sobre la posible implicación de policías en una red de venta de autos secuestrados, que acabaron en desarmaderos. Siete allanamientos en Neuquén revelaron irregularidades en el proceso de compactación de vehículos, donde partes habrían terminado a la venta en el mercado.
Un escándalo sacude a la Policía de Neuquén tras conocerse que varios efectivos estarían involucrados en una red de venta de vehículos secuestrados. La Fiscalía de Asignación de Casos, bajo la dirección del fiscal Diego Azcarate, lleva adelante una investigación que se centra en al menos un centenar de autos que, en lugar de ser compactados como ordena la ley, habrían sido desmantelados y comercializados.
La maniobra fue desvelada luego de que se realizaran siete allanamientos en desarmaderos, así como en domicilios particulares de los sospechosos. Las pruebas iniciales apuntan a que los autos, que debían ser destruidos tras haber sido incautados por la policía por razones legales —como causas pendientes o infracciones—, fueron en realidad desviados hacia el mercado negro de autopartes.
Algunos de los vehículos estaban guardados en la División de Tránsito, situada en el límite entre Neuquén y Plottier, pero en lugar de ser destruidos, se sospecha que un comerciante utilizó una máquina compactadora sin la debida autorización para retirarlos. La complicidad de dos policías de la División Tránsito es investigada, ya que presuntamente facilitaron este proceso ilegal a cambio de remuneraciones.
Los investigadores también hallaron en las redes sociales, concretamente en Marketplace, ofertas de autopartes que pertenecían a vehículos que debían estar bajo custodia. Esto permitió establecer vínculos entre los efectivos policiales y el comerciante, confirmando la sospecha de que el circuito de venta se consolidó a partir de un accionar irregular.
La Policía de Neuquén reaccionó a las acusaciones iniciando una investigación interna a través de Asuntos Internos para determinar las posibles responsabilidades de los agentes involucrados. La situación ha generado preocupación no solo por la falta de medidas de control, sino también por la confianza pública ante tales irregularidades en el accionar policial.
Este caso destaca el impacto que la corrupción puede tener en la gestión de bienes incautados, además de la necesaria revisión de los protocolos que deben seguirse en el tratamiento de vehículos secuestrados. A medida que avanza la investigación, se espera que se aclare cómo operaba esta red y se tomen medidas para evitar futuros incidents.