Investigan a un bioquímico por el supuesto cautiverio de su familia en Esquel

Miguel Battista, un bioquímico de 71 años, se encuentra bajo investigación en Esquel por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. Fue detenido tras ser acusado de mantener en cautiverio a su esposa de 41 años y a sus tres hijos, de 13, 17 y 19 años. La situación salió a la luz luego de que una vecina denunciara ruidos extraños y ventanas tapiadas en la vivienda situada en el barrio La Cascada.

La procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, y la funcionaria Mónica Caveri informaron que el caso fue iniciado el 10 de octubre después de recibir la alerta de la vecina. Tras la negativa de Battista a permitir la entrada de las autoridades, se solicitó un allanamiento de urgencia, que se llevó a cabo con la colaboración de la Policía del Chubut, Salud Mental del Hospital de Esquel y el Servicio de Protección de Derechos. Durante la acción, se corroboró un "riesgo inminente" para la familia.

La detención de Battista fue confirmada por un tribunal en Comodoro Rivadavia, donde se dictó una prisión preventiva de diez días mientras se realizan peritajes psiquiátricos y se toma en cuenta la asistencia necesaria para las víctimas. Las autoridades judiciales subrayaron la importancia de manejar la situación con precaución debido a la vulnerabilidad de los afectados.

Por su parte, la defensa del acusado, a cargo del abogado Daniel Sandoval, afirmó que la familia no estaba cautiva, sino que había adoptado un estilo de vida de aislamiento por motivos de seguridad personal. Según Sandoval, Battista había recibido amenazas relacionadas con su actividad profesional en Buenos Aires, lo que llevó a la familia a mudarse primero a Trevelin y luego a Esquel, reestructurando su rutina hacia actividades nocturnas.

El abogado también mencionó un antecedente judicial en el que un policía federal fue condenado por extorsión y amenazas contra Battista, justificando así el cambio de vida familiar. La defensa argumenta que los acusadores deben considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos y la historia previa del bioquímico.

La causa avanza bajo la figura de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, con un plazo estimado de seis meses para la investigación. Durante este tiempo, la madre y sus hijos recibirán atención médica y psicológica para ayudar a manejar la situación.