Investigan irregularidades en la privatización de represas hidroeléctricas

La Fundación Soberanía ha presentado ante el Juzgado Federal de General Roca una solicitud para investigar la licitación de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, a la cual se le atribuyen mecanismos sistemáticos para subvaluar activos del Estado. En el centro de las acusaciones está la firma Edison Inversiones S.A.U., que ganó la concesión de las centrales de Alicurá y Cerros Colorados, liderada por los hermanos Patricio y Juan Neuss. Esta denuncia se suma a un creciente cuestionamiento sobre la transparencia en el proceso de privatización de empresas del sector energético en la Patagonia.

La denuncia expone vínculos estrechos entre los Neuss y el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, evidenciando un patrón de adjudicaciones que favorece a un grupo selecto de empresarios. Junto a Edison Inversiones, aparecen otras empresas como BML Inversora S.A.U. y Central Puerto S.A., cuyas conexiones con el poder político están bajo la mira de la investigación.

Se señalan cuatro aspectos críticos que podrían constituir irregularidades en la licitación. El primero involucra la elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), que no tuvo el tiempo suficiente para realizar una valoración adecuada. En su lugar, la tasación quedó a cargo del BICE, con un claro conflicto de interés ya que depende directamente del Ministerio de Economía, responsable de las privatizaciones.

Otro punto cuestionado es la metodología utilizada, en especial el método de "Flujo de Fondos Descontados" empleado para la tasación, que podría resultar en una subestimación del valor real de los activos. Además, la presión fiscal por parte del Gobierno, que busca recaudar rápidamente $2.300 millones, colocó a la administración en una situación que favorece la irregularidad.

La situación es delicada dado que la denuncia sugiere que el procedimiento ha sido diseñado para despistar y favorecer a un círculo cercano al poder político, lo que podría renacer preocupaciones sobre las prácticas en la privatización de recursos estratégicos en la Patagonia, un área crítica para el futuro energético del país.

La Fundación Soberanía reclama que las licitaciones sean declaradas nulas y que se investigue el trasfondo de este proceso, en un contexto donde la transparencia y la justicia administrativa deben prevalecer. El desarrollo de este caso podría tener un impacto significativo sobre la confianza pública en la administración de recursos naturales en la región.