Irregularidades en ANDIS: se denuncian sobreprecios de hasta 200% en insumos médicos

Un reciente informe del Ministerio de Salud pone de manifiesto serias irregularidades en la adquisición de insumos médicos durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación ha servido para evidenciar que algunos precios pagados por la agencia alcanzan hasta un 1972% más que los de similares adquisiciones realizadas por otros organismos públicos.

Particularmente alarmante es el caso de un paciente en Río Negro que, según la denuncia, no recibió una prótesis que figuraba como entregada, lo que resultó en la amputación de su pierna. Este hecho subraya la gravedad de las irregularidades que se están investigando, las cuales involucran no solo sobreprecios, sino también fraudes en el suministro de materiales.

El análisis revela un desfasaje multimillonario de $158.717 millones en los registros internos del organismo, lo que ha suscitó la intervención de la Justicia. El abogado Gregorio Dalbón, que representa a un grupo de denunciantes, ha solicitado al juez federal Ariel Lijo la detención de Spagnuolo, alegando que nuevos informes contables refuerzan las acusaciones de mala gestión y fraudulento uso de los fondos públicos.

La auditoría del Gobierno también identificó pagos duplicados, errores en la categorización de productos y casos donde los insumos entregados no coincidían con los contratados. Según la denuncia, se han observado una serie de operaciones y modalidades de contratación que han afectado gravemente al patrimonio público en el transcurso de la administración de Spagnuolo hasta su desvinculación el agosto de 2025.

La magnitud de estas irregularidades se determina no solo por los montos en juego, que superan los $30.000 millones, sino por la combinación de infecciones en el sistema de adquisiciones que se interconectan con la atención de salud, un área crítica para la población más vulnerable. En este contexto, la necesidad de una reforma administrativa y judicial es urgente para devolver la confianza en el sistema de salud pública.

El resultado de esta investigación y el avance del proceso judicial serán determinantes para establecer responsabilidades y posibles sanciones, lo cual resulta de suma importancia en un país donde las condiciones de acceso a la salud son precarias para amplios sectores de la población.

El desarrollo de esta causa sigue siendo monitoreado de cerca por la sociedad y la prensa, ya que las implicancias de las decisiones tomadas por la gestión de ANDIS podrían tener efectos duraderos en la política de salud pública del país.