Iturrioz critica la liberación de Uribe y advierte sobre la seguridad en Chubut

El ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Héctor Iturrioz, expresó su descontento tras la decisión judicial que permitió la liberación de Luis Damián Uribe, quien había estado bajo detención durante cuatro meses por un caso relacionado con la portación de un arma de fuego. La medida fue adoptada por los jueces Carlos Richeri y José Luis Ennis, quienes revocaron la prisión preventiva, permitiendo que Uribe continúe el proceso legal en libertad, aunque con la obligación de presentarse cada quince días ante la justicia.

Iturrioz describió la resolución como problemática y dijo que resulta en una sociedad más desprotegida. En sus declaraciones, consideró a Uribe como una persona violenta, recordando que fue arrestado con un arma cargada en su posesión, lo que refuerza su inquietud sobre la seguridad ciudadana. En el marco de esta decisión, el ministro hizo hincapié en el efecto adverso que puede tener sobre la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde se ha registrado un aumento en la preocupación por la seguridad.

El contexto del caso incluye la postura inicial del juez Soñiz, quien había estipulado una prisión preventiva de cuatro meses. Esta medida fue prorrogada debido a consideraciones sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de que Uribe obstaculizara la investigación. Sin embargo, la revisión solicitada por la defensa llevó a que se revocara dicha prisión preventiva, decisión que Iturrioz calificó de "desatinada".

El funcionario también dirigió críticas hacia la Fiscalía por la falta de acciones previas adecuadas en relación con Uribe. Iturrioz mencionó que habían alertado sobre el comportamiento del individuo antes de su detención, y que existían elementos probatorios que demostraban su involucramiento en actividades delictivas, como fotografías en las que se lo veía portando armas y amenazando a otras personas. Aseguró que su pedido de detención había sido desestimado, lo que lo dejó "con muchísima bronca".

Asimismo, el ministro hizo referencia a la limitada colaboración que reciben del Ministerio Público Fiscal, ya que de 36 allanamientos solicitados, solo 16 fueron autorizados. Esta falta de apoyo complicó aún más la labor de las fuerzas policiales, generando desconfianza sobre la gestión judicial y la seguridad pública.

Finalmente, Iturrioz cuestionó los plazos de la investigación relacionada con Uribe, subrayando que el delito por el cual fue detenido es de fácil constatación. La situación actual sugiere una necesidad urgente de reevaluar los protocolos y la capacidad de respuesta de las instituciones judiciales para asegurar un entorno más seguro para la población.

La conclusión de este capítulo deja al descubierto las tensiones existentes entre las fuerzas de seguridad y la justicia, así como la creciente inquietud de los ciudadanos ante decisiones que pueden impactar directamente en su seguridad.