Japón aumenta personal migratorio y endurece requisitos de visados
El gobierno japonés ha decidido aumentar el número de empleados en su Agencia de Servicios Migratorios para mejorar la lucha contra la inmigración ilegal y hacer más eficientes los trámites para migrantes. Esta medida se da en un contexto de creciente debate sobre el impacto de la inmigración y el turismo en la sociedad japonesa.

El Gobierno de Japón ha anunciado la incorporación de 226 nuevos empleados a la Agencia de Servicios Migratorios. La medida, presentada por el ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, tiene como objetivo bolstear la lucha contra la inmigración ilegal y optimizar los procesos de evaluación de los migrantes. Se espera que las nuevas contrataciones se completen antes de que finalice el actual año fiscal, en marzo de 2027.
De estos nuevos positions, 176 serán inspectores migratorios y los restantes 50 serán agentes de seguridad. Esta decisión responde a la creciente preocupación sobre el aumento de la inmigración, que alcanzó cifras récord con más de cuatro millones de residentes extranjeros registrados a finales de 2025. Este crecimiento ha suscitado un debate nacional sobre sus efectos en la sociedad y ha influido en el ascenso de partidos políticos con agendas xenófobas.
En este contexto, el Gobierno ha decidido endurecer los requisitos de entrada al país. Entre las nuevas normativas se incluye un aumento drástico en el capital mínimo requerido para solicitar un visado de negocios, pasando de 25,000 a 160,000 euros. Esta medida ha tenido un fuerte impacto, ya que las solicitudes para este tipo de visados han caído un 96% desde su implementación en octubre del año pasado.
Además, se ha establecido que los solicitantes deberán demostrar un dominio avanzado del idioma japonés, contar con al menos una oficina y tener un empleado a tiempo completo residenciado en Japón. Igualmente, se han incrementado los costos de renovación de visados y se han endurecido los requisitos para acceder a la residencia permanente.
El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Takaichi Sanae, también está enfrentando críticas de empresarios extranjeros que temen no poder cumplir con los nuevos estándares y costos asociados. Esta situación pone en evidencia la complejidad del panorama migratorio en Japón en un momento en que el país busca equilibrar el crecimiento económico y la cohesión social.
Estas reformas reflejan no solo una respuesta a la creciente inmigración, sino también un intento por controlar el turismo masivo, que ha hecho sentir sus efectos tras la pandemia de COVID-19. El avance hacia una gestión migratoria más rigurosa parece marcar una nueva etapa en las políticas de Japón, un país conocido históricamente por su tradición de control migratorio estricto.