Javier Milei modifica su agenda legislativa ante la oposición al DNU 70
El gobierno de Javier Milei ha decidido aplazar su agenda en el Congreso y enfocarse en defender el DNU 70/23 ante la oposición. La situación ha generado una serie de conflictos que complican la aprobación de proyectos esenciales como el Presupuesto y la reforma del Banco Central.
La política legislativa del oficialismo, liderada por Javier Milei, enfrenta una reconfiguración significativa tras el aumento de la presión opositora en la Cámara de Diputados. La oposición ha convocado una sesión para el 15 de octubre con el objetivo de anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, lo que obligó al Gobierno a frenar su propia agenda y concentrar esfuerzos en evitar el quórum que podría llevar a la votación en contra del decreto.
El escenario se complica aún más con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que restableció la derogación de la Ley de Tierras en el marco del DNU. Este fallo, si bien benefició al oficialismo, ha incrementado la dificultad de diálogo con sus aliados dentro del Congreso, lo que complica la posibilidad de avanzar en otras iniciativas importantes como el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central. La situación se torna crítica a medida que se acortan los plazos para la finalización del período ordinario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había establecido un calendario legislativo que incluía la votación de la “Ley Malvinas” para el 21 de octubre y la del presupuesto para el 4 de noviembre, antes de la visita del Papa León XIV. Sin embargo, estas fechas quedan comprometidas debido a la nueva priorización de la defensa del DNU 70 y la gestión de alianzas para evitar la sesión del 15 de octubre.
El desafío que enfrenta el oficialismo es considerable. Se estima que para no perder la votación del decreto, se necesitará seducir a gobernadores de varias provincias, incluyendo Neuquén, Misiones y Chubut, entre otras. Este esfuerzo podría incluir la exploración de negociaciones para ofrecer incentivos a los mandatarios provinciales a cambio de que sus legisladores no aporten al quórum.
Existen varias alternativas sobre la mesa para abordar la problemática de la Ley de Tierras. Una opción es redactar desde cero una nueva ley, mientras que otra sería reinstaurar el capítulo afectado en el Senado en el marco de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para liberalizar por completo la venta de tierras, lo que se refleja en la intención de al menos aumentar el límite actual del 15% al 25% de la superficie territorial en discusión. La falta de consenso y el apuro por la defensa del DNU suponen un freno a las reformas que el Gobierno busca establecer a corto plazo.