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José Glinski critica fallo de la Corte sobre Ley de Tierras en la Patagonia

El diputado nacional José Glinski expresó su desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley de Tierras Rurales. Este fallo podría abrir las puertas a la extranjerización de tierras en la Patagonia, lo que preocupa al legislador chubutense.

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José Glinski critica fallo de la Corte sobre Ley de Tierras en la Patagonia

El diputado nacional por Chubut, José Glinski, cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales, advirtiendo sobre las implicancias que esta medida podría tener en la soberanía y propiedad de tierras en la Patagonia. Este fallo ha generado inquietud en el ámbito político y social de la región, donde el tema de la extranjerización de tierras es un asunto sensible.

Glinski enfatizó que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó la Ley 26.737, sino que desestimó la demanda por falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Según el diputado, la Corte resolvió no abordar el contenido del decreto, centrándose únicamente en si el CECIM estaba habilitado para iniciar la acción judicial, lo que considera un aspecto crucial para entender el fallo.

La Ley 26.737 había establecido un marco normativo que limitaba la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros, permitiendo hasta un 15% de titularidad foránea en provincias y a nivel nacional. Glinski argumenta que la eliminación de estas restricciones podría propiciar un aumento en la adquisición de tierras por parte de grupos extranjeros, poniendo en riesgo la integridad territorial y el control local sobre recursos fundamentales en la Patagonia.

La situación tuvo un recorrido judicial complejo. Inicialmente, la demanda del CECIM fue rechazada por la falta de legitimación, pero luego la Cámara Federal de La Plata aceptó la apelación, reconociendo el derecho del CECIM a promover la acción colectiva y declarando la inconstitucionalidad del mencionado artículo del DNU. Sin embargo, la Corte Suprema dio marcha atrás con esta decisión y revocó el fallo de la Cámara, lo que dejó el camino libre para la derogación de la ley.

La preocupación de Glinski resuena en un contexto regional donde los conflictos por la tierra y la propiedad son temas recurrentes, considerando la importancia de preservar el dominio nacional sobre los recursos naturales. La Patagonia, rica en tierras y recursos, ha sido históricamente objeto de inversiones y adquisiciones por parte de capitales extranjeros.

Frente a esta realidad, Glinski hace un llamado a la reflexión y a la acción sobre la necesidad de generar un debate público en torno a la soberanía sobre tierras, sugiriendo que el tema debe ser tratado con responsabilidad y compromiso por parte de los representantes locales y nacionales. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la propiedad en la región y sobre cómo garantizar que los intereses nacionales prevalezcan sobre la influencia externa.

La situación de la Ley de Tierras y la decisión de la Corte Suprema seguirán siendo temas de discusión y análisis en la comunidad política y social patagónica, con proyecciones que podrían afectar la estructura de la propiedad rural en el futuro cercano.

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