Juez archiva hackeo a legajo de Weretilneck como acto privado

La investigación sobre el hackeo al legajo del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha sido archivada por el juez Adrián Dvorzack, quien determinó que el hecho se encuadra dentro de una acción privada y no pública. Esto significa que la Fiscalía no tiene la potestad de actuar de oficio, y la responsabilidad de impulsar la causa recae en el propio afectado.

El hackeo fue denunciado formalmente por Weretilneck a fines de junio, quien alertó sobre el acceso no autorizado a su legajo personal en el sistema informático del Estado provincial. Sin embargo, Dvorzack concluyó que esta violación implica la privación de secretos y la privacidad, lo que requiere que el perjudicado tome acción legal. Esta decisión ha generado un debate, ya que la fiscal Yanina Estela anunció su intención de presentar un pedido de revocación para poder continuar con la investigación.

La defensa del único acusado en la causa, representada por Santiago Guenomil, argumentó que el Ministerio Público no puede iniciar acciones sin la solicitud del afectado. El juez respaldó este razonamiento, sosteniendo que los delitos en cuestión se rigen por los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, que abordan el acceso no autorizado a sistemas informáticos y la protección de datos personales, respectivamente.

Dvorzack subrayó que el archivo de la causa no significa que se haya descartado el acceso ilegal ni que no haya existido la posibilidad de un delito; simplemente indica que es el interesado quien debe activar judicialmente el caso para que la investigación continúe.

La decisión del juez dejó en claro que, aunque no se desestimó el hecho ni se cierra la posibilidad de que el delito haya ocurrido, el procedimiento actual solo se puede reactivar si el gobernador decide presentar una acción judicial. Este enfoque podría generar incertidumbre respecto a la protección de datos y la privacidad de los funcionarios públicos en la provincia.

El hecho destaca la necesidad de claridad en los procesos judiciales en casos de delitos informáticos, especialmente cuando se relacionan con figuras de la política provincial. La próxima acción dependerá de la respuesta del gobernador ante esta resolución y del futuro de la intervención de la Fiscalía en este tipo de delitos.

Para el ámbito político de Río Negro, la resolución tiene implicancias significativas, ya que pone en la discusión el alcance de la legislación sobre delitos informáticos y la independencia de los organismos fiscales respecto a su capacidad de intervención en casos que salpican directamente a funcionarios de alto rango.