Juez de Neuquén niega prisión domiciliaria a acusado por violencia de género

Un juez de Garantías en Neuquén ha decidido no otorgar prisión domiciliaria a un hombre imputado en un caso de violencia de género. La decisión fue tomada por Marco Lupica Cristo, quien consideró que no habían surgido hechos nuevos ni existían riesgos actuales que justificaran un cambio en la situación del acusado.

La audiencia se realizó con el objetivo de levantar la declaración de rebeldía que pesaba sobre el acusado, quien había sido declarando como tal tras no presentarse a una audiencia de Suspensión de Juicio a Prueba el pasado 12 de agosto. El imputado estaba en libertad al momento de su no localización, lo que llevó a la defensa a solicitar una nueva audiencia para dejar sin efecto la medida de rebeldía.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que se impusiera prisión domiciliaria para garantizar la futura asistencia del acusado a las audiencias de Control de la Acusación o Suspensión de Juicio a Prueba, si la víctima decidía continuar con este enfoque. No obstante, el juez rechazó esta solicitud, al observar que la fiscalía no había presentado información actualizada para apoyar tal medida.

Además, el magistrado indicó que la falta de notificación no podía ser atribuida al acusado, ya que continuaba residiendo en la dirección previamente informada. Esto motivó a Lupica Cristo a considerar que no había razones suficientes para justificar una medida más severa, como la prisión domiciliaria.

En lugar de eso, el juez mantuvo varias medidas cautelares moderadas, que incluyen la obligación del imputado de presentarse en una comisaría dos veces por semana. También se le prohibió realizar cualquier acción de intimidación, perturbación o violencia hacia la presunta víctima, medidas que estarán vigentes por un plazo de un mes.

Esta decisión se enmarca dentro del contexto de la lucha contra la violencia de género en la Argentina, un tema relevante dada la creciente preocupación social y la generación de un marco normativo destinado a proteger a las víctimas. Los casos de violencia de género han incrementado la exigencia por parte de la sociedad hacia el sistema judicial para que adopte medidas adecuadas y efectivas.

De esta manera, la situación del imputado permanecerá bajo estrecha vigilancia, mientras se avanza en el desarrollo del proceso judicial correspondiente.