Juez rechaza prescripción y Luis Arce seguirá en prisión preventiva
Un juez de Bolivia desestimó la solicitud de prescripción formulada por Luis Arce, quien deberá continuar en prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre su gestión como ministro de Economía. La detención se enmarca en un caso de corrupción relacionado con el manejo de fondos estatales.
El juez anticorrupción Román Castro ha decidido rechazar el pedido de prescripción presentado por el ex presidente de Bolivia, Luis Arce, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde diciembre de 2025. La detención se origina en una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión como ministro de Economía, cuando formaba parte del gobierno de Evo Morales, desde 2006 hasta 2019.
Durante la audiencia, la defensa de Arce argumentó que los hechos investigados datan de 2009 y que, por tanto, ya habría transcurrido el plazo de prescripción de ocho años para la acción penal. Sin embargo, el juez fundamentó su decisión en que aún se investigan posibles delitos económicos, lo que obliga a Arce a permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial.
La causa se inició a raíz de denuncias sobre la gestión de recursos públicos y la transferencia de fondos a cuentas privadas, lo que la defensa califica de actos en cumplimiento de la ley. La disputa se centra en determinar si estos actos constituyen un daño económico significativo, que el juez ha fijado en más de 330 millones de bolivianos, cifra que la defensa considera incorrecta.
El abogado de Arce, Fernando Rivadeneyra, criticó duramente la resolución del juez, argumentando que no se tomaron en cuenta los datos que afirman que el monto real de irregularidades nunca superó los 7 millones de bolivianos. Rivadeneyra enfatizó que la decisión del juez representa una vulneración a los derechos del ex mandatario y un fallo que podría considerarse como un abuso de poder al asumir roles que corresponden al fiscal en el análisis de los datos económicos.
En el curso del año pasado, la defensa de Arce ha presentado múltiples solicitudes para su liberación, todas ellas negadas. Recientemente, la Justicia amplió la prisión preventiva de Arce por cinco meses más, lo que lo mantendrá en reclusión hasta noviembre, cuando se espera una decisión sobre su futuro judicial.
El entorno de Arce ha calificado este proceso como un ataque a los derechos humanos y a la constitución, considerándolo una manifestación de persecución política. La situación del ex presidente se convierte así en un tema de gran relevancia en el contexto político boliviano, generando diversas reacciones en el ámbito nacional e internacional.