Jueza porteña declara inconstitucional la responsabilidad penal a partir de los 14 años

La jueza de primera instancia en lo Penal Juvenil de Buenos Aires, Laura De Marinis, declaró inconstitucional el artículo correspondiente a la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años. Este fallo surgió a raíz de un caso en el que un adolescente de esa edad fue acusado de tentativa de robo, donde el joven y otros tres menores habrían intentado hurtar el celular de un hombre. Ante esta acusación, De Marinis resolvió el sobreseimiento del adolescente, subrayando la inadecuación del régimen penal juvenil en este contexto.

La Ley 27.801, que introduce un régimen penal específico para menores de entre 14 y 18 años, fue promulgada recientemente y busca mejorar la respuesta institucional frente a la delincuencia juvenil. Sin embargo, la decisión de la jueza plantea interrogantes sobre la utilización del sistema penal como método de respuesta ante conductas delictivas de adolescentes. Según De Marinis, la intervención penal debería ser considerada como un último recurso y enfatizó la responsabilidad del entorno adulto en la formación de los jóvenes.

La magistrada planteó que, como sociedad, es crucial reflexionar sobre la respuesta que ofrecen los adultos a los delitos cometidos por adolescentes. En su fallo, De Marinis destacó que su intención no es minimizar la gravedad de las infracciones penales juveniles, sino cuestionar si la incorporación a un proceso penal es el camino adecuado y analizar qué otras respuestas podrían existir para los jóvenes en conflicto con la ley.

Este fallo se suma a un antecedente en la provincia de Buenos Aires, donde la jueza Marta Pascual había suspendido el régimen del nuevo régimen penal juvenil, aunque esta decisión fue luego revertida por una Cámara de Apelaciones. La declaración de inconstitucionalidad realizada por De Marinis ocurre en un contexto donde aún se está discutiendo la aplicación de la Ley 27.801 en los tribunales, lo que podría tener repercusiones importantes en otros casos similares en el futuro.

La decisión de la jueza será revisada por instancias superiores, evalúan cómo la norma puede impactar a los adolescentes en conflicto con la ley y si las decisiones judiciales pueden influir en la formulación de políticas más atendibles y responsables en torno a la criminalización de la juventud.