Juicio a policías por torturas a adolescentes en Río Negro
Cuatro policías de la Comisaría 47º de J.J. Gómez enfrentan un juicio por torturas y privación de libertad de dos adolescentes. El proceso incluye más de 30 testigos y la Fiscalía pide penas superiores a tres años de prisión.
En la localidad de General Roca, Río Negro, se lleva a cabo un juicio oral contra cuatro policías acusados de torturar y privar de libertad a dos adolescentes. Los hechos se produjeron el 15 de junio de 2024 en el playón deportivo del barrio Alta Barda, donde los jóvenes, junto a otros, fueron interceptados por los agentes en una camioneta oficial. Se espera que el debate se extienda por seis jornadas y cuente con más de 30 testigos.
El Tribunal Colegiado, convocado para el caso, está integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. En la primera jornada de audiencias, la madre de uno de los jóvenes relató ante el tribunal el impacto emocional que los hechos generaron en su hijo y su familia. Además, se escucharon declaraciones de enfermeras que atendieron a los adolescentes, aportando su visión sobre el estado físico y psicológico de los chicos después de la situación de abuso.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, durante la madrugada del 15 de junio, los policías habrían disparado al aire para dispersar a un grupo de jóvenes. Luego, procedieron a identificar a dos adolescentes, quienes fueron forzados a subir al vehículo policial. En lugar de trasladarlos a una comisaría, los agentes se dirigieron a un descampado en las afueras del barrio, donde los privaron de su libertad y sufrieron agresiones físicas y psicológicas.
El fiscal detalló que uno de los policías, tras disparar al aire, golpeó a los adolescentes y les ordenó correr mientras les disparaba cerca de los pies, causándole a uno de ellos una herida por perdigón. Según la acusación, el accionar del policía incluyó una amenaza directa a uno de los jóvenes, sugiriendo que podría matarlo y hacerlo desaparecer, lo que subraya la gravedad de la situación.
El caso ha generado gran expectativa en la comunidad local, donde se sigue de cerca el avance del juicio y la posibilidad de una condena para los acusados. Esto se produce en un contexto de creciente preocupación por la conducta de las fuerzas de seguridad y su relación con la juventud, especialmente en barrios vulnerables como Alta Barda.
La progresión del juicio y las decisiones del tribunal serán determinantes no solo para las víctimas, sino también para la imagen de la policía en la región y el abordaje de casos de abuso de autoridad. La fiscalía ha definido expectativas de penas que podrían superar los tres años de prisión para los efectivos judicializados.