Julio César Triana denuncia retiro de seguridad por parte del Gobierno de Petro

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, expuso en sus redes sociales que el Gobierno liderado por Gustavo Petro decidió retirar su esquema de seguridad tan solo dos días después de haber hecho críticas al presidente en el Congreso. Esto genera inquietudes en torno a las medidas de protección para la oposición política en Colombia, especialmente en un contexto de violencia y amenazas.

Triana, quien fue víctima de un atentado en agosto de 2025 en el departamento del Huila, recibió una notificación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) informándole sobre el cese de las medidas de seguridad reforzadas que le habían sido asignadas. A su juicio, esta decisión fue una respuesta a su discurso de oposición, lo que refleja una preocupante falta de garantías para quienes critican al Gobierno.

En su declaración, el representante cuestionó la lógica detrás de la reducción de su protección. Triana se preguntó si los riesgos para su vida, que incluyen amenazas continuas por parte de grupos armados ilegales, se limitan únicamente a períodos electorales. Destacó su compromiso de seguir denunciando la actividad criminal pese a los riesgos que esto conlleva, insistiendo en la necesidad de respaldo por parte del Estado.

El atentado sufrido el año pasado, donde logró sobrevivir gracias al blindaje de su vehículo, resaltó la seriedad de las amenazas en su contra. El ambiente político se torna más complicado teniendo en cuenta que este hecho se produce en un país que ha visto ataques a políticos, como el ocurrido el 11 de agosto de 2025, con el asesinato del entonces senador Miguel Uribe Turbay.

La respuesta de Cambio Radical no tardó en llegar, condenando la decisión del Gobierno de retirar las medidas de seguridad. Desde el partido, señalaron la inaceptabilidad de que un miembro del Congreso, que ya ha sido blanco de un ataque, quede desprotegido, y exigieron explicaciones sobre esta determinación. Además, enfatizaron que la seguridad de los funcionarios opositores es responsabilidad del Estado y no debe utilizarse como una herramienta de presión política.

La controversia en torno a la seguridad de los opositores puede tener un amplio impacto en la confianza política del país y en la percepción pública sobre la protección que el Gobierno ofrece a aquellos que critican su administración.