Justicia condena a Plan Rombo tras destrucción de vehículo por tormenta

Una mujer oriunda de San Antonio Oeste, en Río Negro, ha logrado una importante victoria judicial contra Plan Rombo, la entidad con la que había contratado un plan de ahorro para la adquisición de una Renault Duster. Este fallo, que reafirma la responsabilidad de la empresa, surge tras la total destrucción del vehículo durante una tormenta en enero de 2020, evento que planteó serias dudas sobre los cobros que la mujer continuó recibiendo tras la indemnización que se pagó a la compañía por la pérdida del auto.

La situación tuvo su inicio en 2016 cuando la mujer se inscribió en el plan de ahorro, obteniendo la adjudicación del vehículo al año siguiente. Sin embargo, tras el siniestro, la aseguradora pagó a Plan Rombo el monto correspondiente a la indemnización, mientras que la consumidora continuó recibiendo y abonando cuotas, lo que llevó a una demanda por la falta de información sobre los aumentos de precios y las consecuencias del contrato.

El proceso judicial se llevó a cabo en el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Familia N.º 9 de San Antonio Oeste, donde la jueza determinó que la entidad no había cumplido con la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo subrayó la falta de claridad en la información respecto a la composición de las cuotas y sus aumentos, que serían exorbitantes en comparación con el aumento del salario mínimo en el mismo período.

Desde agosto de 2016 hasta marzo de 2021, la cuota del plan había variado un 294,86%, mientras que el salario mínimo había crecido solo un 68,09%. Esta discrepancia en el aumento de las cuotas fue crucial para que la jueza estableciera una indemnización a favor de la mujer, que se tradujo en un monto correspondiente a 20 canastas básicas. La Cámara Civil de Viedma ratificó la condena, aunque modificó el método de cálculo de la devolución de los pagos excesivos.

El movimiento de la Justicia ante este caso también pone de relieve el contexto de los planes de ahorro en el país, donde los consumidores muchas veces se ven expuestos a cláusulas poco claras y aumentos desproporcionados. Este fallo podría sentar un precedente sobre la protección al consumidor en el ámbito de servicios financieros asociados a la adquisición de vehículos, una preocupación creciente en un contexto económico complicado.

La calle está ahora libre para que la mujer reciba no solo las sumas indebidamente cobradas, sino también que la empresa ajuste sus prácticas comerciales. El caso no solo refleja la individualidad de esta demanda, sino que se inscribe en un panorama más amplio donde la transparencia en la información al consumidor es más crucial que nunca. La resolución promete abrir el camino para que otros consumidores en situaciones similares puedan exigir sus derechos.