Justicia impone medidas de restricción por hostigamiento tras separación en Cinco Saltos
Un deportista de Cinco Saltos denunció a su expareja por hostigamiento después de una separación. La Justicia dispuso medidas de restricción y asistencia psicológica para ambos.

Una resolución del Juzgado de Paz de Cinco Saltos ha respondido a una denuncia de hostigamiento tras una separación sentimental, imponiendo restricciones a una mujer acusada por su expareja, quien argumentó que su vida personal se había visto impactada tras la ruptura. Las medidas buscan prevenir situaciones de riesgo y fueron adoptadas tras evaluar los relatos de la víctima.
Entre las principales resoluciones se establece que la denunciada deberá mantener una distancia mínima de 500 metros respecto al hombre durante un período de 90 días. Esta prohibición no solo incluye el domicilio del denunciante, sino también su lugar de trabajo y otros espacios en los que pudiera encontrarse. La decisión fue tomada para evitar que la situación se agravara, según lo expuesto por el juez Enzo Espejo.
La denuncia fue presentada en la Comisaría de la Familia, donde el hombre compartió detalles sobre la convivencia de un año y medio con la mujer y los actos de hostigamiento que comenzaron después de la separación. Se menciona que la mujer accedió a sus redes sociales y cambió contraseñas, además de haber realizado llamadas desde números ocultos y presuntamente utilizar un embarazo ficticio como forma de presión.
El hombre también indicó que los problemas de violencia verbal y física se extendieron a su entorno familiar, lo que lo llevó a solicitar límites claros para evitar más contactos. El juez consideró que había riesgo a la integridad psicofísica del denunciante y que se debían adoptar medidas preventivas ante la gravedad de los hechos.
Además de la orden de alejamiento, la mujer deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, ya sea en persona, por teléfono o a través de redes sociales. El incumplimiento de estas medidas podría resultar en acciones judiciales por desobediencia a una orden, con intervención del Ministerio Público Fiscal. Esto también resalta la importancia de la intervención judicial en casos de violencia familiar y hostigamiento.