Justicia procesa a exfuncionarias de la ANMAT por muertes por fentanilo contaminado
La Justicia ha procesado a dos exfuncionarias de la ANMAT relacionadas con un grave caso de fentanilo contaminado, que causó la muerte de 90 personas y dejó 44 afectadas. Según el juez, ambas conocían las irregularidades en la fabricación y distribución del medicamento.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, exresponsables de la ANMAT y del INAME, respectivamente. Este procesamiento se da en el marco de una causa que investiga las muertes de 90 personas y lesiones sufridas por otras 44 a causa de la administración de fentanilo contaminado, fabricado por HLB y Laboratorios Ramallo.
Las autoridades judiciales sostienen que las funcionarias estaban al tanto de las irregularidades en los laboratorios antes de que se fabricaran y distribuyeran los lotes contaminados. La Fiscalía Federal N°1, junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, había solicitado su detención, argumentando que ambas no tomaron medidas preventivas a pesar de las advertencias de los técnicos del organismo.
Una inspección llevada a cabo en diciembre de 2024 en la planta de Ramallo evidenció serias deficiencias en las buenas prácticas de fabricación. Aunque se aconsejó a la empresa cesar la producción y retirar productos del mercado el 3 de enero de 2025, la orden solo se firmó el 10 de febrero y se hizo pública el 24 del mismo mes. Esta demora resulta crucial en el contexto de la crisis sanitaria.
El primer despacho del lote contaminado, identificado como el 31202, se realizó el 30 de enero. Posteriormente, el Hospital Italiano de La Plata adquirió las ampollas que ocasionaron el escándalo sanitario y la crisis que sigue afectando al sector salud en el país. La falta de acciones eficaces y la lentitud en las respuestas de las autoridades sanitarias han suscitado gran preocupación entre la población y desconfianza en los organismos reguladores.
Diez personas adicionales están procesadas en este caso, incluyendo a Ariel García Furfaro, propietario de HLB y Laboratorios Ramallo, quien actualmente se encuentra detenido. Esta situación ha puesto en jaque la integridad de la regulación de medicamentos en Argentina, lo que podría repercutir en un mayor escrutinio y exigencias de rendición de cuentas en el ámbito sanitario.
A medida que avanza la investigación, se espera que las autoridades tomen medidas más drásticas para evitar que sucesos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, así como un reforzamiento en los controles sobre la producción y distribución de medicamentos en el país.