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Justicia rechaza solicitud de prisión domiciliaria para acusado de homicidio en El Bolsón

La Justicia negó el pedido de Richard Salazar, acusado de homicidio, para cumplir su prisión preventiva en su domicilio en El Bolsón. La fiscalía argumentó que esto pondría en riesgo la integridad de los testigos del caso, quienes residen cerca de su hogar.

Por Daniel Marzal3 min de lectura
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Justicia rechaza solicitud de prisión domiciliaria para acusado de homicidio en El Bolsón

Richard Salazar, imputado por el homicidio de Julián Salvo en El Bolsón, solicitó a la Justicia un cambio de domicilio para cumplir su prisión preventiva en su propia casa. Sin embargo, la fiscalía desestimó su solicitud argumentando que la proximidad de los testigos del caso representa un riesgo significativo. Salazar se encuentra detenido desde octubre de 2025 tras haber apuñalado a Salvo en un altercado relacionado con una supuesta venta de drogas.

Durante la audiencia, que estuvo a cargo del juez de Garantías Víctor Gangarrosa, la defensa de Salazar argumentó que el imputado podría realizar trabajos de carpintería en su hogar, lo que le permitiría obtener ingresos económicos para ayudar a su familia. Además, mencionaron que podría ocuparse del cuidado de su hijo, quien actualmente está bajo la responsabilidad de su abuela. La defensora destacó que la situación de prisión preventiva que vive actualmente es complicada para su familia.

Salazar, quien ya accedió a la prisión domiciliaria en otra vivienda bajo monitoreo electrónico, expresó su deseo de trabajar y contribuir al bienestar de su familia. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la idea de permitirle cumplir su arresto en un lugar tan cercano a los testigos es inviable. El fiscal José Luis Torchia explicó que los riesgos procesales asociados con la medida de prisión preventiva no disminuyeron con el tiempo y que la posibilidad de influir en los testigos sigue siendo un factor preocupante.

Aunque Salazar ofreció garantías de que no interrumpiría la investigación, incluso sugiriendo la posibilidad de que la Justicia accediera a su vivienda mediante grabaciones de cámaras de seguridad, la fiscalía se mantuvo firme en su postura. Se señaló que la defensa consideraba que la preocupación sobre la influencia en los testigos era una mera hipótesis, pero los riesgos potenciales fueron suficientes para que la solicitud fuera rechazada.

Este caso refleja las tensiones del sistema judicial frente a acusaciones de homicidio en la región, donde la convivencia de víctimas, testigos e imputados puede complejizar los procesos judiciales. La Justicia deberá continuar evaluando la situación de Salazar mientras se acerca el juicio por homicidio, donde enfrentarán un contexto cargado de implicancias personales y comunitarias.

La decisión de la Justicia marca un precedente en el tratamiento de casos de este tipo en la zona, donde el cuidado de los derechos y la seguridad de los testigos son esenciales para garantizar un debido proceso. La situación seguirá siendo vigilada de cerca por ambas partes mientras se desarrollan las próximas etapas del caso.

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