La AEPD sanciona a un medio español por informar sobre infiltraciones policiales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra el medio La Directa, en respuesta a la publicación de una serie de investigaciones sobre la infiltración de policías en movimientos sociales e independentistas en Cataluña. Este caso resalta la complejidad de las implicancias legales en el ejercicio del periodismo de investigación, especialmente en temas sensibles como la seguridad pública y los derechos de las personas.

Las denuncias que llevaron a la acción de la AEPD provienen de cuatro policías que se identifican como agentes infiltrados en el contexto de manifestaciones sociales entre los años 2020 y 2023. Estos agentes alegan que su identidad debe permanecer protegida debido a que actúan bajo un marco legal que les otorga cierta cobertura. Según los denunciantes, los nombres y apellidos que utilizaron deberían estar protegidos por la normativa de protección de datos, lo que justifica la intervención de la AEPD.

Sin embargo, organizaciones como Irídia y el Grupo de Periodistas Ramon Barnils sostienen que las infiltraciones realizadas no cumplieron con los requisitos legales necesarios, al considerarlas acciones encubiertas que carecen de autorización judicial. Estas entidades argumentan que la labor periodística de La Directa es crucial para el entendimiento de las dinámicas de poder y vigilancia en la sociedad actual, sobre todo en un contexto donde la transparencia y el derecho a la información son esenciales para el debate democrático.

La resolución emitida por la AEPD señala que La Directa divulgó información personal y profesional de los policías, lo que facilitaría su identificación, y ha ordenado la eliminación de partes específicas de la investigación. Frente a esta medida, el medio informó que tomó medidas para minimizar la exposición de los agentes, utilizando iniciales y ocultando sus rostros en las publicaciones. Esto plantea un interesante dilema sobre cómo los medios pueden informar sin vulnerar derechos individuales.

Sònia Olivella Saludes, coordinadora de litigio estratégico de Irídia, ha expresado su preocupación por el efecto intimidatorio que este procedimiento sancionador puede tener sobre el periodismo de investigación. Según ella, la información que La Directa ha brindado es vital para comprender la magnitud de la operación de infiltración y constituye un aporte esencial al esclarecimiento de posibles abusos de poder.

El caso podría generar un efecto en cadena que limite la libertad de expresión y la investigación en el ámbito periodístico. En respuesta, la entidad Irídia planea presentar alegaciones solicitando el archivo del expediente, argumentando que la acción del Estado parece perseguir disuadir a aquellos que buscan revelar situaciones de vulnerabilidad y abuso de autoridad en un contexto de creciente preocupación por los derechos humanos.

A medida que la AEPD continúa su evaluación, el desenlace de este caso tendrá repercusiones en cómo se concilia el derecho a la información frente a la protección de datos, en un momento en que el periodismo enfrenta desafíos significativos en el ejercicio de su función.