La ametralladora de la Armada Argentina y su conexión con un crimen en Brasil
Una ametralladora de la Armada Argentina, hallada en un operativo contra una banda criminal en Brasil, desató una controversia legal. La Justicia investiga su origen y el posible tráfico transfronterizo desde el destacamento de Río Grande, en Tierra del Fuego.

En septiembre de 2024, las autoridades brasileñas detuvieron a Marcelo Adelino de Moura, conocido como “China”, miembro del Primeiro Comando da Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil. Durante el arresto, se descubrieron en su posesión cohetes balísticos, dinero, pasta base y dos ametralladoras, una de ellas, etiquetada como “Armada Argentina”, lo que generó alarma y preguntas sobre su origen.
Este incidente ha comenzado a atraer la atención de la justicia argentina, pues un expediente ha sido abierto en el Juzgado en lo Penal Económico N°10. La Unidad de Fiscalización de Armas (UFI ARM), bajo la dirección del fiscal Gabriel González Da Silva, posee la misión de esclarecer el camino de esta ametralladora, sospechada de haber salido del Destacamento Naval ubicado en Río Grande, Tierra del Fuego. El fiscal está verificando si el arma encontrada en Brasil podría ser efectivamente la misma que se encuentra bajo custodia en territorio argentino.
La Armada Argentina respondió a la consulta judicial afirmando que la ametralladora permanece en su poder y que no han denunciado ningún robo al respecto, lo que plantea la posibilidad de que el arma hallada en Brasil sea un modelo falso, aunque esto es considerado poco probable por las autoridades. Se ha comunicado formalmente a las autoridades brasileñas la situación, y se espera la respuesta sobre la veracidad de la identificación del número de serie del arma.
La justicia porteña inicialmente se declaró incompetente para llevar la investigación, argumentando que debe ser la justicia federal de Tierra del Fuego la que se ocupe del caso. Esto llevó a un cruce judicial en el que la instancia fueguina rechazó la competencia para investigar el asunto, mientras que el caso continúa moviéndose por diferentes tribunales.
Documentos judiciales confirman que la ametralladora tiene el número de serie “209”, un detalle que genera aún más intriga, dado que ha coincidido con registros de armas de la Armada. La cuestión de cómo un arma de este tipo, utilizada en conflictos históricos como la Guerra de Malvinas, terminó en un plan para asesinar a un político brasileño, se convierte en un tópico trascendente en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Así, el caso ilustra no solo la problemática del tráfico de armas en la región, sino también las complicaciones del sistema judicial tanto en Argentina como en Brasil, revelando la necesidad de intercambio y cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado.
En conclusión, la investigación avanza en un contexto marcado por la necesidad de esclarecer un hecho que afecta la imagen de la Armada Argentina y, por extensión, las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, en un tema tan delicado como el tráfico de armas.