La Cámara de Casación niega prisión domiciliaria a un ex funcionario de Vialidad

La Cámara Nacional de Casación Federal tomó la decisión unánime de no otorgar prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, quien se desempeñó como jefe del Distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2008 y 2015. Collareda, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, deberá continuar cumpliendo su pena en una prisión de Río Gallegos.

Este fallo de la Sala IV de la Cámara fue una ratificación de la decisión previamente adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, que había rechazado la solicitud del defensor de Collareda. Su condena, que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se encuentra vinculada a la manipulación de contratos de obra pública en beneficio personal, un caso que se remonta a 2019 cuando comenzaron los juicios en este sentido.

La resolución fue anunciada en un contexto de crecientes controversias en torno a las decisiones judiciales relacionadas con funcionarios del gobierno anterior. Esta es una de las pocas ocasiones en las que se niega la posibilidad de prisión domiciliaria para ex funcionarios, ya que hasta el momento la única excepción a este criterio fue la concesión anterior a Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta una situación judicial similar pero disfrutó de esta medida especial.

Las condenas vinculadas a la causa Vialidad abarcan a otros personajes clave del kirchnerismo, como Lázaro Báez y Julio De Vido, quienes también son parte del entramado de corrupción que ha estado en la mira del sistema judicial. La celeridad de las respuestas judiciales, en este caso, refuerza el compromiso del sistema de justicia por hacer frente a las irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La decisión de la Cámara de Casación también refleja un entorno judicial que ha sido reconfigurado en años recientes, señalando que la impunidad de figuras políticas ya no es una opción y que existen mecanismos para sancionar la corrupción administrativa. Este aspecto cultural que se comienza a valorar también está influyendo en la opinión pública, especialmente en una provincia como Santa Cruz, donde estos casos han dejado huellas profundas.

De aquí en adelante, se espera que este fallo no solo reafirme el rumbo del Poder Judicial frente a la corrupción, sino que también genere un mayor debate en torno a las medidas judiciales que puedan tomarse con respecto a otros ex funcionarios involucrados. La sociedad continúa observando con atención la evolución de estos procesos judiciales y su impacto en la política nacional.