La captura de El Mayo Zambada tensa las relaciones entre México y EE. UU.

A dos años de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, un documento judicial ha reavivado tensiones entre México y Estados Unidos que se creían resueltas. Un memorando presentado por fiscales neoyorquinos señala que el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Zambada, habría pagado millones en sobornos a autoridades mexicanas, lo que pone de manifiesto la profunda corrupción institucional que ha marcado la lucha contra el narcotráfico. Esta situación, según la información, es la caracterización más amplia realizada por Washington sobre los vínculos entre el cártel y diversas autoridades del país vecino.

La captura de Zambada, en julio de 2024, fue el resultado de una operación que despertó múltiples interrogantes sobre la participación de distintas agencias. Washington había mantenido una versión hasta ahora consistente, indicando que la detención se debió a una traición interna. Sin embargo, recientemente se reveló que la aeronave utilizada para el traslado de Zambada forma parte de una exhibición del FBI, generando dudas sobre un posible involucramiento de la agencia en su captura. Esta contradicción ha llevado a cuestionamientos sobre la postura del embajador estadounidense en México, quien ahora se encuentra protegido por inmunidad diplomática, complicando una investigación sobre su accionar.

El 20 de julio de 2026 se fijó la sentencia para Zambada, mientras que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", deberá enfrentarse a la justicia el 31 de agosto. Ambos casos sientan un precedente en las relaciones de cooperación judicial entre México y Estados Unidos y demostrando la presión que este último ejerce sobre las instituciones de seguridad en territorio mexicano.

Los recientes acontecimientos no se limitan al caso Zambada, sino que reflejan una tendencia más amplia en la presión estadounidense sobre el gobierno mexicano. Entre las repercusiones figura la petición de detención con fines de extradición contra el gobernador saliente de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto a otros funcionarios por haber protegido al Cártel de Sinaloa. Esto ha llevado a consideraciones sobre posibles repercusiones en acuerdos comerciales como el T-MEC, mostrando la interconexión entre justicia y comercio en la relación bilateral.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense ha designado a otros grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que amplía el margen legal para acciones contra el narcotráfico. Este enfriamiento en la diplomacia estadounidense también puede verse como un esfuerzo por reformar la dinámica de cooperación y fortalecimiento, afectando tanto al Cártel de Sinaloa como a otras organizaciones en la región. Desde el marco institucional a la operación del narcotráfico, la situación demanda un análisis exhaustivo de las políticas de seguridad en ambos países.