La CIDH avanza en el conflicto territorial mapuche en Villa La Angostura

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha informado al canciller argentino, Pablo Quirno, sobre el avance en la denuncia presentada por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao. Esta denuncia se remonta a hace más de quince años y está relacionada con el reclamo de tierras que la comunidad considera históricamente suyas.

En una nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, la CIDH estableció un plazo de cuatro meses, que puede extenderse hasta seis, para que el Gobierno argentino brinde una respuesta. En caso de no recibir contestación, la CIDH podría emitir un pronunciamiento basado en la información ya recopilada en el expediente sobre este conflicto.

La comunidad Paichil Antriao reclama sobre terrenos que, según argumentan, fueron reducidos drásticamente desde 1902, cuando se les otorgó un lote de 625 hectáreas bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Hoy, lamentan que solo conservan una pequeña parte debido al crecimiento urbano de Villa La Angostura, ubicada en la provincia de Neuquén, a orillas del lago Correntoso.

El eje de la reivindicación de la comunidad gira en torno a la paralización del relevamiento territorial que establece la Ley 26.160, el cual debería llevar a la entrega de títulos de propiedad comunitaria. Aunque los estudios necesarios para este proceso han sido finalizados, la comunidad denuncia que la resolución administrativa está estancada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La comunidad mapuche se encuentra involucrada en varias disputas territoriales, al menos diez en total, tanto contra el municipio de Villa La Angostura como contra propietarios privados. Uno de los conflictos más destacados es el del camping del Lago Correntoso, que ha sido objeto de ocupación por parte de la comunidad desde el año 2011.

El 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la comunidad, lo cual fue criticado por su abogado, Virgilio Sánchez, quien anticipó que llevarían el caso a instancias internacionales. El reciente avance de la CIDH coincide con una etapa en la que el organismo había decidido reactivar el expediente y advertir sobre su posible archivo ante la falta de respuesta, lo que podría dar lugar a un pronunciamiento que no sería favorable para el Estado argentino.

La CIDH tiene la capacidad de emitir un Informe de Fondo si concluye que han existido violaciones a los derechos humanos en este contexto. Generalmente, antes de eso se busca una solución amistosa, aunque iniciativas previas entre la comunidad y el municipio no han prosperado, lo que complica el panorama de resolución de este conflicto.