La CIRT critica la propuesta de protección de derechos de las audiencias del gobierno

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha manifestado su inquietud respecto al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que ha sido presentado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con el apoyo del gobierno federal. Este proyecto forma parte de la implementación de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual busca, según afirmaciones oficiales, fortalecer los derechos de las audiencias y promover la autorregulación en los medios.

Sin embargo, la CIRT ha señalado que algunos párrafos del documento podrían dar lugar a interpretaciones ambiguas y limitar la libertad de expresión. En particular, se muestra preocupada por la posibilidad de que la autoridad determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, lo que podría interferir en la autonomía de las defensorías de las audiencias. La CIRT realiza un análisis detallado del contenido de los lineamientos y ha convocado a sus más de 1,200 estaciones afiliadas para elaborar una postura conjunta que será presentada durante la consulta pública.

El periodo de consulta, que se extenderá del 27 de julio al 21 de agosto, permitirá que concesionarios, especialistas, organizaciones y ciudadanos presenten opiniones y propuestas sobre la normativa. Entre las inquietudes más destacadas de la CIRT están estipulaciones que podrían resultar en multas de hasta el 1% de los ingresos anuales de los concesionarios y que limitan la admisión de quejas anónimas, argumentando la posibilidad de abusos en denuncias.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la propuesta, afirmando que el objetivo no es censurar a los medios de comunicación, sino fortalecer un marco de autorregulación acorde a la legislación vigente que permita a los concesionarios de radio y televisión -tanto públicos como privados- cumplir con un conjunto de obligaciones. Estas incluyen la implementación de un Código de Ética, designación de defensores de las audiencias y medidas de accesibilidad.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha reafirmado que el proyecto responde a la necesidad de desarrollar los derechos de las audiencias en línea con la nueva legislación. Sin embargo, la oposición de la CIRT subraya la tensión existente entre el impulso de regulaciones más estrictas y la salvaguarda del libre ejercicio del periodismo y la comunicación.

La CIRT espera que su postura sea escuchada en el marco de la consulta pública y que se logren los ajustes necesarios para evitar que la normativa comprometa la independencia editorial de los medios. Esta situación es particularmente relevante en un contexto donde la regulación de la información y los derechos de las audiencias son temas de creciente debate en el ámbito nacional.