La comunidad mapuche Melo recibió personería jurídica en medio de un desalojo

El gobierno de Neuquén, a través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, ha otorgado la personería jurídica a la comunidad mapuche Melo. Este reconocimiento se produce en un contexto de elevado conflicto, ya que la comunidad enfrenta una orden de desalojo sobre un terreno de más de 600 hectáreas cercano a Villa La Angostura, cuya propiedad ha sido objeto de disputas legales desde hace casi 15 años.

La tenencia del predio en cuestión ha sido reclamada por la privada María Cristina Broers, quien ha obtenido fallos judiciales favorables en primera y segunda instancia, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el año 2024, que reafirmaron su derecho sobre las tierras. Hasta agosto, dos comunidades mapuches, la Melo y la Quintriqueo, habitaban el terreno, pero la última fue desalojada el 19 de agosto mediante un operativo policial que no requirió el uso de la fuerza.

El conflicto por estas tierras es significativo por su ubicación, ya que se encuentra cerca de la Ruta 40, un importante corredor turístico que conecta Villa La Angostura con Bariloche y limita con el lago Nahuel Huapi. Este entorno natural tiene un alto valor ecónomico y ambiental, y la lucha por su control refleja una compleja interacción entre derechos territoriales y demandas de desarrollo y propiedad privada en la región.

En la resolución del Ejecutivo provincial que concede la personería jurídica a la comunidad Melo, se menciona que se han seguido todos los requisitos legalmente establecidos por la Constitución Nacional y que no hubo objeciones relevantes en el camino hacia este reconocimiento. La comunidad podrá así gestionar sus asuntos de manera oficial y fortalecer su representación legal.

Virgilio Sánchez, el abogado de la comunidad mapuche, ha anticipado que se solicitará la suspensión del nuevo mandato de desalojo. Argumenta que el reconocimiento de la personería jurídica constituye un nuevo hecho jurídico que debería influir en el curso del proceso legal en curso, lo cual podría cambiar la dinámica del conflicto.

Este reconocimiento de la personería jurídica representa un avance en la lucha de las comunidades indígenas por el reconocimiento de sus derechos y territorios, en un contexto donde la tensión entre comunidades originarias y propietarios privados suele ser alta. El futuro del predio y de la comunidad Melo dependerá de las decisiones judiciales y políticas que sigan a estos acontecimientos.