La Corte investiga a Gloria Arizabaleta por nexos con Gustavo Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha formalizado una investigación contra la excongresista Gloria Arizabaleta, a raíz de un escándalo que la vincula con la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. Esta medida se da tras una denuncia penal que señala a Arizabaleta por su papel en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, en la que tomó decisiones que podrían haber tenido motivaciones políticas, según lo informado en un auto judicial de 46 páginas.

La investigación no se limita a la suspensión de Petro, sino que también contempla múltiples encuentros entre Arizabaleta, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, y el secretario de la Comisión, Jairo Corzo. En estos encuentros, Arizabaleta habría ejercido presiones para influir en decisiones que afectaban al mandatario, buscando favorecer sus intereses a través de gestiones improcedentes que involucrarían a miembros del gobierno.

Según el expediente, las reuniones comenzaron entre octubre y noviembre del 2025 en un restaurante de Bogotá. Carranza ha señalado que Arizabaleta le solicitó actuar como un “vehículo” para acercarse al Gobierno Nacional y forjar un acuerdo que favoreciera la resolución de los procesos en su contra. Este tipo de reuniones continuaron a lo largo de 2026 y están documentadas con videos de seguridad y registros de comunicaciones que han sido analizados por la Corte.

Además de los encuentros mencionados, se ha señalado que Arizabaleta habría realizado exigencias al entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente Petro, aunque de manera indirecta. Según la Corte, estas demandas estaban relacionadas con decisiones en curso contra Petro en la Comisión de Acusaciones. Las acciones de Arizabaleta son consideradas por la Corte como potencialmente delictivas, lo que ha llevado a abrir un proceso por prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Entre las pruebas documentadas, existe un encuentro en la Casa de Nariño en febrero de 2026, donde la excongresista supuestamente presionó para nombrar a una mujer en un cargo directivo en Fiduprevisora. La Corte ha recogido testimonios que sugieren que Arizabaleta buscaba un “acuerdo corrupto” a cambio de apoyo político en la Comisión.

A pesar de que el proceso apenas inicia su fase de investigación formal, la Corte deberá determinar si las evidencias presentadas configuran delitos o si, por el contrario, las acciones de Arizabaleta pueden considerarse dentro del ámbito de la legalidad. La situación sigue evolucionando y podría impactar tanto en el gobierno de Gustavo Petro como en el contexto político colombiano.