La Corte ordena a Meta identificar a quienes difamaron a un estudiante

Un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se convirtió en protagonista de un caso judicial tras ser objeto de un escrache en redes sociales que lo acusaba de abuso, manipulación psicológica y conductas machistas. Las publicaciones, que incluían su nombre, apellido y fotos, fueron realizadas en cuentas anónimas de Facebook e Instagram, lo que dificultó su identificación. Ante la gravedad de la situación, el estudiante decidió recurrir a la justicia, buscando poder conocer la identidad de quienes lo difamaron.

Las publicaciones no solo se limitaron a las redes, ya que también se distribuyeron afiches en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, lo que impactó negativamente en su vida social y profesional, generándole exclusión y problemas en su labor como docente. A pesar de las preocupaciones del estudiante, la Universidad Nacional de La Plata aclaró que las cuentas en cuestión no eran institucionales ni contaban con su autorización, siguiendo un protocolo existente desde 2015 sobre violencia de género y discriminación.

Frente a este escenario complejo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir, haciendo lugar al reclamo del estudiante y revocando una decisión anterior de la Cámara Federal de La Plata. La Corte ordenó a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, proporcionar información que permita identificar a los autores de las cuentas denunciadas. Entre los datos requeridos se incluyen direcciones IP, correos electrónicos y detalles de conexión.

Los jueces de la Corte resaltaron que su labor no era juzgar si las acusaciones contra el joven eran ciertas o falsas, sino garantizar que él pudiera conocer la identidad de sus acusadores para ejercer su derecho a una defensa justa. En su fallo, destacaron cómo el anonimato y la amplia difusión que ofrecen las redes sociales pueden amplificar el impacto negativo de este tipo de publicaciones.

El juez Horacio Rosatti enfatizó que la falta de información que permitiera al estudiante identificar a quienes lo señalaron lo colocó en una grave situación de indefensión. Además, la Corte subrayó la importancia de abordar la violencia de género como un tema de interés público, señalando que el Estado tiene la obligación de actuar ante estos casos.