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La Corte repone límites a extranjeros en la compra de tierras tras un amparo en Bariloche

La Corte Suprema emitió una medida cautelar que reinstala las restricciones de la Ley 26.737 sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. Este fallo surge de un amparo colectivo presentado en Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros actores. Aunque se restablecen las limitaciones de forma temporal, el tribunal no definió definitivamente la constitucionalidad de la derogación implementada por el Gobierno.

Por Alan Agustini5 min de lectura
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La Corte repone límites a extranjeros en la compra de tierras tras un amparo en Bariloche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión trascendental al suspender el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogaba la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Este fallo responde a una acción de amparo promovida en Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con otros actores sociales y políticos, y tiene el objetivo de proteger el acceso a la tierra y el medio ambiente frente a posibles impactos de la desregulación.

Al restablecer provisoriamente las restricciones que limitan a extranjeros en la compra de tierras, la Corte asegura la continuidad de la Ley 26.737, que fija, entre otros aspectos, un límite del 15% del dominio extranjero sobre tierras rurales en el país. Esta normativa fue instituida en 2011, en un contexto en el que se buscaba proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales frente al avance de la inversión extranjera en el sector agrario y ganadero.

El fallo de la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación ni abordó de manera definitiva las facultades del Poder Ejecutivo para modificar normativas a través de decretos. En su resolución, el tribunal destacó la necesidad de asegurar la tutela judicial efectiva y prevenir daños irreparables a los solicitantes del amparo, subrayando que la situación actual es de carácter provisional y no cierra el debate legal o político en torno al régimen de tierras.

La disputa legal que antecede a esta medida tiene raíces en la provincia de Río Negro, particularmente marcada por la concurrencia de diversas comunidades que han manifestado su preocupación por el impacto medioambiental y social que la eliminación de la ley podría generar. La Asociación Civil Árbol de Pie, junto a la legisladora Magdalena Odarda y líderes de comunidades locales, argumentaron que la derogación pondría en riesgo el derecho a un ambiente sano, esencial para la vida de los habitantes de la región.

La Corte concedió esta acción cautelar, pero el caso regresará al juzgado de origen para que se expida sobre la legitimidad de los actores involucrados en la causa. Esta medida, aunque suspende momentáneamente la derogación, refleja la complejidad del tema en un contexto donde el uso y la propiedad de la tierra continúa siendo un tema de debate intenso en diversas regiones de Argentina, especialmente en la Patagonia, donde la inversión extranjera en recursos naturales es un aspecto crítico.

En consecuencia, los efectos de este fallo tendrán un impacto significativo en la regulación de la compra de tierras, al tiempo que el proceso legal continúa. Lo que resta por definir es cómo se desarrollará este debate en un marco en el que las preocupaciones sobre el control de recursos y el bienestar de las comunidades locales se encuentran a la vanguardia.

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